Fundación Labaka pide que se detenga la actividad extractiva en Armadillo, por la vida de los pueblos ocultos de Yasuní

Una imagen de Ompure Omewai, quien fue lanceado por taromenane el 5 de marzo del 2013 cerca de Yarentaro. Foto: Cortesía, Fundación Labaka

Una imagen de Ompure Omewai, quien fue lanceado por taromenane el 5 de marzo del 2013 cerca de Yarentaro. Foto: Cortesía, Fundación Labaka

En marzo de 2014, EL COMERCIO constató el inicio de la actividad petrolera en la plataforma Armadillo, Bloque 55. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Fundación Alejandro Labaka exhortó a los ministerios de Recursos no Renovables, de Ambiente y de Justicia, "por humanidad y en respeto del principio de precaución", a que se declare, por 5 años, una moratoria de las actividades extractivas en el Bloque 55, Armadillo, para evitar más muertes en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní.

A través de un comunicado emitido la mañana del miércoles 17 de febrero de 2016, la Fundación Labaka, que documenta la vida de los indígenas amazónicas de Ecuador y busca la protección de poblaciones vulnerables como las que viven en aislamiento voluntario en el Yasuní, enfatizó: "Con los precios actuales del petróleo no entendemos porqué el empeño de seguir con actividades de sísmica en una zona reconocida por los ministerios como zona de presencia de estos pueblos. Tanto las vidas de los waorani como de los campesinos y obreros de esos trabajos de sísmica, y los grupos que permanecen aislados, están en riesgo”.

El organismo alerta que el ataque con lanzas registrado el 28 de enero de 2016 en las orillas del río Shiripuno, en el Yasuní, en la región amazónica, podría poner en riesgo la vida de poblaciones en aislamiento voluntario tagaeri-taromenane, tal como ocurrió en marzo del 2013, y solicita al Estado que se tomen medidas para "detener la espiral de violencia" y "resolver en paz y justicia el conflicto waorani – taromenane/tagaeri".

Ese 28 de enero último, el indígena waorani Caiga Baihua y su esposa Onenka T. fueron lanceados por pueblos en aislamiento, los cuales habitan en la Zona Intangible, en la selva del Yasuní. El hombre falleció; la mujer pudo escapar con vida del ataque y, tras recibir tratamiento médico, regresó a su comunidad wao, donde se recupera de las heridas.

Hoy nos asalta el temor y preocupación por la vida de los más débiles, dice la Fundación. "Durante un operativo de control de armas, realizado en Coca, tres familiares directos del fallecido (su padre y sus dos hermanos) han sido detenidos con cargos de posesión ilícita de armas y municiones".

En marzo de 2013, tras las muertes de Ompure y Buganey, señalábamos el riesgo de la reacción más probable del grupo waorani atacado terminase en una incursión violenta contra los grupos indígenas en aislamiento, agrega el comunicado. "Hoy lo volvemos a hacer".

El 5 de marzo del 2013, indígenas no contactados (taromenane) lancearon cerca de la comunidad de Yarentaro (Bloque 16) al anciano waorani Ompure y a su esposa Buganey, quienes fallecieron. 25 días después de esas muertes, un grupo de waorani se adentró en la selva y mató a un número no determinado de taromenane. Evidencia de esa masacre son las dos niñas taromenane, que fueron llevadas a aldeas wao y para las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano medidas de protección.

Una imagen de Ompure Omewai, quien fue lanceado por taromenane el 5 de marzo del 2013 cerca de Yarentaro. Foto: Cortesía, Fundación Labaka

Antes de esa venganza de marzo, la Fundación Labaka y el Vicariato del Aguarico (EL COMERCIO tiene copia de una carta enviada a un general de las FF.AA. en la zona), alertaron a las autoridades del Estado sobre una posible venganza que era planificada por las comunidades de los waorani atacados.

"Es indispensable la formulación de un Acuerdo de Paz entre la Nacionalidad Waorani y el Estado Ecuatoriano acordes con la jurisprudencia internacional y los derechos tanto de los pueblos indígenas aislados como los pueblos de contacto reciente como son los waorani", dijo la Fundación Labaka.

En el comunicado, el organismo enfatiza que el caso waorani – taromenane/tagaeri "exige un tratamiento especial. Insistimos a las autoridades que piensen en ello y en las graves consecuencias que la actuación errática de las instituciones estatales están teniendo en el mundo waorani y de sus vecinos".

La Fundación, en su escrito, rechaza la judicialización de los conflictos waorani-taromenane porque "está incubando graves violaciones a los derechos elementales de los Pueblos Indígenas de Contacto Reciente (PIACI) y contribuye a atizar la espiral de la violencia". "De no actuarse a través de la mediación y el diálogo, estos conflictos van a acabar por presionar aún más a los waorani, exacerbar los ánimos de las comunidades con consecuencias nefastas. Archivar los casos judiciales y empezar de cero con acuerdos y compromisos ayudaría más en el conflicto que insistir en enredos jurídicos difíciles de entender y procesar para un grupo humano históricamente desatendido y marginado".

El organismo puntualiza: "Los trabajos de sísmica se han incrementado. Los sobrevuelos son constantes en el Bloque 55, Armadillo y se sabe que eso altera profundamente la vida de los grupos aislados. Esto más la cantidad de trabajadores que están en esas actividades, aumenta la presión sobre el territorio waorani y el territorio tagaeri/taromenani. Los waorani han reiterado muchas veces que los muertos van a seguir de no hacerse nada al respecto".

Armadillo, ¿una zona sin indígenas taromenane?

En septiembre del 2013, el Gobierno dijo oficialmente que en Armadillo no hay pueblos ocultos. Ese día, el Ministerio de Justicia presentó en la Asamblea un mapa, para respaldar la explotación del ITT, e identificó tres zonas de la Amazonía con grupos de no contactados: Tivacuno, Cunchiyacu y Nashiño/Curaray, fuera del Bloque 55.

Antes de que el Plan de Medidas Cautelares, a cargo de la protección de los pueblos en aislamiento del Yasuní, pasara del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Justicia, Armadillo aparecía en un cartograma como la cuarta área de influencia taromenane en la Amazonía ecuatoriana.

Desde el 2014, la estatal Petroamazonas opera en la plataforma Armadillo, el Bloque 55. Su proyecto buscaba construir una plataforma adicional a la que existía antes del 2009, cuando el Estado suspendió la prospección sísmica en la zona, a causa de los ataques con lanzas.

La zona ha sido territorio de ataques de pueblos taromenane-tagaeri. En el 2005, el maderero Héctor España fue lanceado en esa zona. El 1 de marzo del 2008, Luis Castellanos recibió cinco lanzas cuando aserraba madera. Cerca del Bloque 55 se reportaron los ataques contra Willman Angulo y Andés Moreira, en 2006, el maderero Luis Castellanos en 2008 y una mujer y sus dos hijos en Los Reyes, en 2009.

Los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri - taromenane) son una población indígena protegida en Ecuador. El artículo 57 de la Constitución establece: "Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley". El Código Orgánico Integral Penal tipificó el etnocidio en 2014 como un delito castigado con cárcel de 16 a 19 años.

La Fundación Labaka, en su comunicado, insta "a las autoridades a que investiguen los problemas a fondo y que se sancione a traficantes de armas que encienden la mecha de la violencia entre los waorani, de la misma manera que lo solicitamos en el 2013 y en años anteriores. Instamos también a las autoridades y a los waorani a que cumplan con los compromisos que han firmado en aras de iniciar un proceso de paz y terminar con esta trágica y silenciosa guerra en nuestra casa común, la selva ecuatoriana".

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