La salida de los gerentes de cuatro de las 12 empresas públicas metropolitanas de Quito pone a prueba al Municipio para enfrentar los retos pendientes en los 17 meses que le restan al actual período.
La consultora Deloitte dio a conocer la Certificación Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno ISO 37001, norma publicada en octubre del 2016, por la Organización Internacional de Normalización (ISO). La presentación fue este miércoles, 22 de noviembre del 2017, en Quito.
La Empresa Pública de Bienes y Servicios de la Universidad Central funciona desde marzo de este 2017, con el objetivo de generar recursos propios. Impulsa 16 proyectos, entre otros uno de asesoría en la construcción del Hospital de Piñas, el manejo de activos de Electrogas Machala y capacitaciones para funcionarios públicos.
En el 2016, las empresas públicas no financieras registraron pérdidas por USD 1 575 millones. Este es el peor desempeño que ha tenido este grupo de entidades estatales en nueve años. En ese período, según datos del Banco Central, solo en tres ocasiones estas entidades públicas lograron generar ingresos más altos que sus egresos y, por lo tanto, registraron un superávit: en el 2008, 2012 y 2014.
De los 22 proyectos que forman parte del portafolio de obras que el Municipio busca desarrollar con Alianzas Público Privadas (APP), solo uno ha despegado hasta el momento.
La falta de pago de servicios públicos como agua, luz o teléfono puede someter a un cliente a un proceso coactivo, que puede incluir medidas como el bloqueo de fondos de cuentas bancarias por el monto adeudado o la prohibición de venta de bienes.
Fue una buena idea que, en la práctica, no funcionó. Así explicó, el 5 de julio, el presidente Rafael Correa el cierre de la Empresa Pública Enfarma. Argumentó que no se cumplió el objetivo y que el Servicio de Compras Públicas podía hacerse cargo de la compra de medicamentos; además que se impulsarán las alianzas público-privadas en el sector, en lugar de una empresa puramente pública.
Mediante el Decreto Ejecutivo 1007, el presidente Rafael Correa decidió aceptar la renuncia de Jorge Wated, su delegado ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP). En su lugar designó a José Rafael Larrea Falcony.
La venta de los bienes del Estado está en debate. El Gobierno ha propuesto como alternativa para generar liquidez y cubrir los costos de la reconstrucción del terremoto de Esmeraldas y Manabí la venta de algunos de sus activos.
La reducción del Estado en tiempo de vacas flacas es una realidad. Las empresas públicas a cargo del Gobierno central se redujeron de 30 a 26, desde diciembre pasado y en los próximos dos meses otras cinco estatales entrarán en fusión o en liquidación.
El Gobierno busca levantar a una industria deprimida por la baja en las compras estatales, producto de la menor disponibilidad de recursos para inversión pública.
Después de que se revelara que el sueldo del rector de la Universidad Yachay, Fernando Albericio, gana un sueldo mensual de USD 16 500, los cuestionamientos por este salario tan alto no se han hecho esperar. Sobre todo el momentos en que el país la reducción de salarios se ha convertido en una de las políticas de Estado y que afecta no solo a funcionarios del Ejecutivo, sino también del legislativo y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El Parque Suecia, en el sector del Quito Tenis, y el sendero Rin Rin del Parque de Las Cuadras son los primeros espacios públicos apadrinados por una empresa privada. Es decir, los costos generados por el cuidado y mantenimiento serán cubiertos por Farcomed, por los próximos dos años.
Mediante Decreto Ejecutivo 545, el presidente Rafael Correa disolvió la empresa Editogran S. A. y creó la empresa pública El Telégrafo, que se encargará desde ahora de la publicación de ese periódico, con sede en Guayaquil.
Mientras en las empresas privadas hay un intenso movimiento por los desafíos que les imprime el Gobierno (restricciones a las importaciones, matriz productiva…), las empresas públicas se rigen al guión que les impone la agenda del Buen Vivir. Y desde ese esquema, las 25 empresas creadas por el Ejecutivo, además de otras tres en las que el Estado tiene al menos un 51% de participación, están decididas a tener más protagonismo en el mercado.
Desde hoy se desarrolla el primer encuentro internacional de empresas públicas, en Quito. En el evento, que cuenta con la participación de ocho países, se tratan temas relacionados con la eficiencia energética, cultura empresarial y foros de innovación.
Quito será la sede del I Encuentro Internacional de Empresas Públicas Eficientes 2012. El acto se realizará del miércoles 27 al viernes 29 junio. La cita, organizada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), se realizará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Participarán exponentes de diferentes países.
La Empresa Pública de Aeropuertos, que se creará con la nueva Ley de Aeronáutica Civil, tendrá como principal tarea el lograr la rentabilidad de las terminales aéreas no concesionadas en el país.
Con la reciente incorporación de Tame como Empresa Pública (EP), el Estado continúa reorganizando su programa de creación de este tipo de firmas, que se sostiene en un mandato constitucional y cuyo sostén se dio con la publicación de la Ley de Empresas Públicas, en el Registro oficial, el 16 de octubre del 2009.
El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy expresó hoy su intención de continuar reduciendo el número de empresas públicas y de reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida como vías para reducir el déficit de las arcas públicas.