La crisis que enfrenta el país exige diferentes respuestas políticas con relación a las versiones tradicionales, que muestran grandes signos de agotamiento. La gravedad de los desequilibrios socioeconómicos del país, de larga data, no soporta más las recetas que han fracasado en el mundo, por espurias y deleznables. El país acusa debilidades notorias, tal la baja disponibilidad de recursos fiscales, la estructura institucional débil, la insuficiente capacidad de oferta de servicios públicos de calidad, entre otros. Emprender, por tanto, en un proceso de enfrentamiento de la crisis y de recuperación, demanda alternativas que se sustenten en un golpe de timón para el manejo económico.
Estrategias inclusivas
La recuperación económica no puede reposar inclusivamente en el prurito del equilibrio fiscal, ni puede ser condicionada por la necesidad de cumplir con el pago de la deuda externa. Es hora de tocar los problemas reales más sensibles y profundos de la sociedad y detener el progresivo desplazamiento hacia la profundización de la pobreza y de la pobreza extrema. La política económica no puede ser el resultado de las presiones externas; éstas persiguen objetivos y estrategias incompatibles con las reales necesidades nacionales, y afectan la legitimidad del derecho del país para tomar sus decisiones autónomas en función del interés social.
Reactivar al sector productivo es una tarea urgente y debe ser el fruto de un acuerdo del gobierno con el empresariado nacional y con los estamentos compuestos por unidades de producción que no se conforman alrededor de las grandes y medianas empresas. El crecimiento económico viable y posible debe ser un proceso que incluya al factor trabajo, es decir, que se convierta en un objetivo a lograrse con base en la generación de empleo. Alrededor de ese objetivo deben establecerse las imbricaciones de todos los sectores productivos y la asignación de los recursos necesarios. En ese ámbito, la pequeña y mediana industria, la microempresa y la conformación de espacios adecuados para el emprendimiento, merecen el apoyo estratégico debido a su capacidad para generar empleo y para coadyuvar al logro de objetivos sociales con base en la probada vocación de las poblaciones especialmente rurales para reivindicar el acceso a la participación en la toma de decisiones de beneficio para la comunidad.
Asimismo, el fortalecimiento de las cadenas productivas; implementar una reforma laboral para el empleo decente; definir una adecuada estructura de costos financieros sólida y estable, deben ser capítulos de las políticas de reactivación productiva. El gran desafío es apoyar al mejoramiento de la competitividad de las ramas de la producción nacional con capacidad de participar en proporciones significativas en el PIB nacional.
Los recursos públicos deben cumplir con su responsabilidad propia de un legítimo soporte de los derechos ciudadanos. La escasez de recursos de la caja fiscal debe ser superada por la definición concertada de prioridades, es decir, atendiendo lo importante, urgente y necesario, con la mira de atender las necesidades de quienes se encuentran inmersos en situaciones de pobreza e inequidad. La búsqueda de nuevos artificios para el diseño de políticas que cuenten con el apoyo de la sociedad debe expresarse en la reestructuración de la deuda externa, que convierta a ésta en un factor de crecimiento económico del país. El Ecuador no puede destinar una alta proporción de su presupuesto anual para el pago de la deuda externa.
Se debe impulsar una reforma tributaria integral con énfasis en la creación de empleo productivo; racionalizando el gasto corriente; implementando un nuevo sistema de compras públicas que controle la corrupción. Los subsidios e “incentivos” deben cumplir papeles diferentes. Los subsidios deben apoyar al mejoramiento de la capacidad de consumo y satisfacción de necesidades de los sectores de bajos ingresos. Los incentivos no pueden concederse sin beneficio para el país; caben los programas concertados entre el gobierno y las empresas que persigan objetivos comunes, la generación de empleo, por ejemplo, la innovación tecnológica, la utilización de insumos nacionales, entre otros. Se debe desterrar por completo el otorgamiento de falsos incentivos concedidos al calor de las influencias y el poder de sectores cercanos al gobierno.
La protección social debe ser fortalecida con el establecimiento de mecanismos que refuercen un sistema nacional integrado, cuyos beneficiarios más importantes sean los sectores más vulnerables de la sociedad. Los resultados deben ser la garantía de la salud para una mejor y mayor cobertura, la reforma de la seguridad social, con justicia.
Para salir de la crisis, el Ecuador requiere de la voluntad consensuada de los actores sociales, con pluralidad en el análisis de los grandes problemas y conflictos sociales, desde perspectivas distintas. Las soluciones encontradas no deben ser parciales o dispersas; deben ser integrales, que orienten la futura recuperación hacia el desarrollo.