Hay dolor nacional por lo ocurrido en Alausí. La muerte de siete personas, las decenas de desaparecidas, centenares de damnificados por el deslizamiento de tierras son motivo de una preocupación mucho más profunda.
Mayormente, las víctimas de los desastres naturales son personas en situaciones vulnerables.
Quizá esta tragedia pudo ser evitado. Hay un informe de la Secretaria de Gestión de Riesgos, de diciembre del año pasado, que hablaba de la peligrosidad de estas zonas para quienes vivían allí.
La pregunta a responder es ¿qué hizo el Estado con ese informe?
Se ha comprobado en las recientes inundaciones que las familias afectadas por efectos de la naturaleza mayormente ocurre en zonas riesgosas. Pero también se sabe que lo más difícil para una persona es abandonar su vivienda si no tiene alternativas de tener un techo.
Recientemente, EL COMERCIO publicó historias de personas que viven en barrios en zonas complejas. Es cierto que muchos llegan allí por efecto del tráfico de tierras, pero hay que reconocer que les mueve lo que todo ser humano anhela: tener una casa donde vivir, incluso a pesar de las condiciones paupérrimas, de no tener agua o luz, al filo de las quebradas.
Este dolor debe hacer recapacitar a los funciones de este Gobierno, pero también a los que lo precedieron y los que lo sucedan. Hay que garantizar la seguridad de las familias ecuatorianas.