José Ayala Lasso

Bachelet y octubre

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Sábado 14 de diciembre 2019

Después de la violencia de octubre, el gobierno de Moreno solicitó a la OEA y a la ONU que investigaran lo ocurrido. Ambas instituciones aceptaron el pedido y, en los últimos días, las respectivas misiones presentaron sus informes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su competencia, aprobó “medidas cautelares” para proteger la vida y la integridad física de los señores Paola Pabón, V. Hernández y C. González, pero no pidió su libertad, ni los declaró inocentes. Algunos socialistas, con incoherencia intelectual y carencia de ética, ensalzaron lo que ayer condenaron y pretendieron que las medidas cautelares obligan a poner en inmediata libertad a los detenidos e implican un pronunciamiento en favor de su inocencia.

Algunos alegan que, según su estatuto, las decisiones de la Comisión no obligan a los estados. Sin embargo, cada vez recibe mayor reconocimiento práctico la doctrina que confiere a la protección de los derechos humanos un valor inclusive supraconstitucional, como lo consagra nuestra actual Carta Política. Bien ha hecho el gobierno en anunciar que acatará lo decidido por la Comisión y que acordará adicionales medidas de protección.

El gobierno deberá también examinar con la mayor objetividad el comportamiento de la Policía, cuya colaboración con los investigadores de la OEA parece que no fue clara y suficiente. Los defensores de los derechos humanos no deben ser considerados enemigos del gobierno sino, por el contrario, una ayuda calificada para mejorar la conducta general en esta materia: es preferible que pequen por exceso que no por defecto.

El informe de la señora Bachelet, no ha podido librarse de los sesgos ideológicos socialistas de su autora cuando dice, con censurable eufemismo, que “algunos” participantes en las manifestaciones “actuaron con violencia.” En su adecuada respuesta, el Canciller lo ha puntualizado. Seguramente estuvo ciego todo el pueblo ecuatoriano que vio calles y plazas destruidas, negocios saqueados, la Asamblea invadida y la Contraloría incendiada, policías secuestrados y sometidos a humillaciones degradantes.

Hubo muchas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, añade la señora Bachelet, a lo que el Ministro de Defensa respondió que la acción de la fuerza pública para controlar el caos no solo fue necesaria sino indispensable y, según muchos, insuficiente.

El uso de la fuerza pública plantea serias dificultades prácticas porque debe llevarse a cabo con eficacia, de manera progresiva y proporcional, con los instrumentos aptos para el efecto y, simultáneamente, sin afectar al derecho de opinar libremente. Hay que reconocer que los manuales académicos pueden fácilmente verse sobrepasados por realidades caóticas como las que vivió el Ecuador en octubre.