José Ayala Lasso

Amor, en tiempos del cólera

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Sábado 14 de marzo 2020

Parecería que, aquejados como estamos por la pesadilla del coronavirus, sería inoportuno reflexionar sobre otro tema distinto al que ahora tiene al Ecuador y al mundo pendientes de un hilo. Las medidas universalmente adoptadas para controlar la pandemia nos hablan de la gravedad inocultable de la situación. Así debe entenderlo el Ecuador entero, cuya obligación es responder positivamente a las decisiones del Gobierno y afrontar el peligro con serenidad, disciplina y solidaridad.

Pero hay otro hecho que merece destacarse en justa medida: el día martes último, el Consejo Nacional Electoral tomó, por unanimidad, la decisión de aprobar y reconocer la validez de la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos, respaldada con más de 300 mil firmas, casi la mitad de las cuales fue anulada con una discrecionalidad técnicamente discutible, cuya finalidad es poner fin a la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inventado por el anterior gobierno para asegurar el control total de las instituciones del Estado.

La iniciativa, además, busca establecer la bicameralidad en la función legislativa e independizar a la Fiscalía General del Estado del Consejo de la Judicatura. Tan bien fundamentada y justa es la propuesta, que el Consejo Nacional Electoral, que ha venido actuando como un nido de avispas, se puso fácilmente de acuerdo y la aprobó unánimemente.

Corresponde a la Asamblea Nacional, después de recibida la notificación correspondiente por parte del CNE, analizar y debatir el texto de las reformas sugeridas. ¡He aquí la oportunidad de oro para que la Asamblea, sin demoras injustificadas o motivadas por conveniencias electorales, actúe con dinamismo y, en respuesta a la iniciativa ciudadana, la apruebe! Tiene que hacerlo en dos debates separados, al menos, por noventa días.

La propuesta ciudadana ya no corresponde ni a Julio César Trujillo, ni al Comité que trabajó para darle forma y ponerla en marcha, sino a los más de 300 mil firmantes y a los miles que, sin haber podido suscribirla, la apoyan.

No está por demás repetir, para que la Asamblea Nacional no lo olvide, que los representantes del pueblo deben honrar su función y cumplir sus deberes imbuidos del más auténtico espíritu cívico, pensando en el futuro del país y olvidando las consignas e intereses partidistas.

La Corte Constitucional tendrá que intervenir, en la debida oportunidad. La ciudadanía toda estará atenta a cuanto ocurra en relación con esta iniciativa que busca organizar a la sociedad ecuatoriana en una forma auténticamente democrática, que fortalezca la capacidad popular de participar en la toma de decisiones sobre temas de interés común, evite la concentración de poder en manos de pocos y garantice la independencia de las distintas funciones del Estado.