Farith Simon

Fiscal parcializada

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Lunes 09 de marzo 2020

El caso “Sobornos” tiene dos escenarios de disputa, el de los tribunales y el de la opinión pública. Los procesados, sus defensores y seguidores sostienen que todas las investigaciones y procesos judiciales son parte del “lawfare”, injusta “guerra jurídica” dirigida contra los líderes “progresistas”; a partir de allí, toda prueba y decisión judicial se convierte en inválida, oscura, tramposa. Advierten que falta poco para que todo termine, la fecha del fin es febrero del 2021, en tanto amenazan con todos los castigos imaginables a quienes tachan de traidores, a los periodistas y a quienes no piensen como ellos, mientras invocan normas de derechos humanos, hablan de debido proceso y de recobrar la democracia. No se sabe bien cómo cambiará la situación en una fecha tan específica si se apegan a esos valores invocados, pero ya sabemos, la consistencia no es su marca.

Dicen que la justicia no es independiente e imparcial, de ser esto así, tendrían razón, es imposible aspirar a un juicio justo. La independencia se refiere a una cuestión institucional, la relación con otras funciones del Estado y los órganos del mismo sistema de justicia, una cuestión estructural. La imparcialidad se refiere a la condición de cada juez, por tanto, quien afirma la falta de imparcialidad debe demostrarlo, no es suficiente la acusación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que estas dos condiciones deben tenerla también los “otros órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial”; es claro que una vez judicializada la causa, en un sistema acusatorio como el nuestro, el dueño de la acción penal se parcializa, toma una posición, al acusar asume la culpabilidad y actúa desde allí, la presunción de inocencia para quien acusa se ha desvanecido, mientras, para el sistema se mantiene en tanto no exista sentencia condenatoria.

Esto es fácil de entender, sin embargo, varios de los abogados de los procesados en el caso “Sobornos” han sostenido que la Fiscal Salazar no actúa con imparcialidad en el juicio y que esta es su obligación y para probar que se trata de una condición que debe cumplir citan una sentencia de la Corte Interamericana, J. VS. Perú, en la que se analiza el rol de jueces y fiscales sin rostro, los que siempre vulneran las garantías de independencia e imparcialidad; hacen referencia diminuta a la jurisprudencia, una falta ética, y provocan confusión respecto del papel de las instituciones; esto al margen de que tengo dudas sobre las razones por las que la Fiscalía no acusó a varias personas mencionadas en las investigaciones.

Estamos cerca de que se dicte la sentencia en este caso complejo, con gran repercusión, que tiene muchos elementos jurídicos, políticos y de comunicación, seguro y sin importar el resultado dará mucho más que hablar y sabemos que seguirán sosteniendo que se violó el debido proceso, mientras desean que ya llegue febrero del 2021, con la idea de que todo desaparecerá y podrán cobrar venganza.