Farith Simon

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Lunes 03 de septiembre 2018

¿Cuáles son los límites que tiene un profesor universitario al ejercer su libertad de expresión? ¿Los límites los establecen las opiniones mayoritarias, autoridades universitarias o quien ejerce el poder de turno? ¿Es diferente la protección jurídica que se brinda a un profesor universitario y a un periodista? ¿Los profesores de universidades públicas y privadas tienen derechos distintos? ¿Se puede equiparar la educación universitaria a la secundaria? ¿En las universidades públicas los profesores no pueden criticar al gobierno?

Podría seguir listando las preguntas surgidas a raíz de cientos de mensajes recibidos debido a la crítica que hice a la decisión de separar a un profesor del IAEN (una universidad pública de posgrado), aparentemente por sus opiniones favorables al régimen de Maduro, expresadas en el marco de un evento en Venezuela en el 2016, y por las críticas al gobierno de Lenin Moreno, hechas en un programa de televisión hace pocos días.

Debo advertir que discrepo totalmente con las posición del profesor sobre Venezuela. Afirmar que en ese país se vive una verdadera democracia, sostener que Maduro es un ejemplo mundial de dignidad o que las milicias bolivarianas representan la lucha del pueblo venezolano contradice las evidencias de que en ese país hay un régimen autoritario, que no puede ser calificado como democrático. Allí no existe separación de poderes, se persigue a los disidentes y, debido a las decisiones económicas, la corrupción y la incompetencia, se ha producido una crisis humanitaria -sin precedentes- en nuestra región.

Mi acuerdo o desacuerdo con las opiniones del profesor cesado es irrelevante, hago constar mi posición porque en nuestro país hay muchas personas que confunden la defensa de principios con los temas en discusión. En realidad, el debate relevante, en términos de derechos y democracia, es si las opiniones desagradables, impopulares o incómodas deben ser protegidas. La respuesta es sí, siempre que no rebasen los fijados en los instrumentos de derechos humanos, en particular la prohibición de realizar propaganda en favor de la guerra, la apología de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o cualquier acción -ilegal- contra una persona o un grupo de personas por cualquier motivo, como su color, origen nacional, idioma, ideas, orientación sexual, opinión.

Las libertades no son únicamente para quienes expresan ideas que nos son agradables; este es tema complejo y supera lo que puedo decir en esta columna, pero sostengo que ser demócrata y autodenominarse defensor de la libertad o de los derechos humanos no es compatible con una defensa selectiva de esos derechos y libertades.

Cuando actuamos desde ese altruismo selectivo reproducimos lo que ha sido una crítica permanente a la izquierda o a la derecha por mirar a otro lado cuando regímenes cercanos ideológicamente cometen abusos, porque parecen convencidos que su fin justifica los medios, quien así actúa se sitúa mucho más cerca de los regímenes autoritarios y abusivos que critican.