Por años hemos escuchado de la existencia de redes de corrupción en el Estado que favorecen la concesión de contratos, procesan pagos a cambio de la entrega de coimas, dificultan o facilitan la emisión de autorizaciones; estas redes tienen el poder de condicionar nuestras vidas, mal usando los recursos públicos, impactando en la calidad de las obras, incrementando sus costos, permitiendo edificaciones en lugares sensibles. Es vox populi la extensión de la corrupción y lo profundamente enquistadas que están esas redes en muchas instituciones, parecería que no existe ámbito de la vida nacional en que no esté presente como una suerte de óxido que todo lo corroe, que todo lo daña. El incentivo de la impunidad, el casi inexistente reproche social y las débiles estructuras políticas e institucionales, hacen ver como imposible eliminar la corrupción y a los corruptos; cuando unos desaparecen, otros ocupan el lugar dejado.
Es una obviedad decir que no todo funcionario o servidor es corrupto, también parece innecesario recordar que existen miles de empresarios honrados que sufren por la corrupción y miran como otras empresas menos competentes, con propuestas deficientes ganan contratos, pero existe una sensación de que acciones indebidas tienden a extenderse y no a contraerse.
En estas semanas, a propósito del llamado caso “Sobornos”, o de la aceptación de responsabilidad, en Estados Unidos, por la entrega de pagos millonarios en coimas a empleados de Petroecuador, además de la puesta en funcionamiento de un sistema de lavado de los activos resultantes de esos actos deshonestos, hemos podido escuchar cómo se conformaron estructuras delincuenciales cuyo fin era otorgar obras o facilitar pagos de obras en marcha, a cambio de significativas cantidades de dinero usadas -aparentemente- en favor de personas concretas y de un partido que llenó su discurso de referencias a la ética, a la honestidad, a una nueva forma de hacer política. Reemplazar a los políticos de “siempre” por ciudadanos honestos fue una de sus consignas, un mensaje repetitivo en el lenguaje con el que avalaron la toma del Estado. Mucha gente lo creyó, asumió ese discurso como necesario, pero todo parece indicar que el gran éxito es haber reemplazado, o incrementado, la lista de beneficiarios de esa corrupción, con personas que les importa solo sus intereses y mantenerse en el poder para obtener las ventajas que eso les otorga.
Es difícil adelantar resultados de los procesos judiciales, con seguridad existen muchos más casos no investigados o judicializados -además de los ya sentenciados y los procesos en marcha-, mientras, hay cientos de personas que disfrutan de forma impune de riqueza mal habida. No son los primeros y tampoco serán los últimos en beneficiarse indebidamente del Estado, pero en diez años de “revolución ciudadana” y de “manos limpias”, la corrupción parece haber crecido al amparo de Correa y su forma poco transparente de ejercer el poder.