Pese a que se trata de la versión final, es difícil encontrar el eje ambiental con el cual fue vendido en los últimos meses el proyecto de la llamada Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ya en manos de la Asamblea Nacional.
En efecto, el proyecto toca materias tan distintas que van desde el aumento del impuesto a la salida de capitales hasta la creación de un Comité de Política Tributaria, pasando por la creación de un crédito tributario para los transportistas públicos, lo cual lo vuelve un instrumento de manejo fiscal y deja el aspecto ambiental en segundo plano. Los nuevos impuestos a los automóviles, motocicletas y botellas plásticas parten del principio de cambiar los hábitos de consumo a través de castigos impositivos, sin tomar en cuenta que las conductas sociales o las prácticas empresariales también se pueden modificar con estímulos tributarios.
En cuanto a los cigarrillos y las bebidas, se sigue la vieja receta de subir su precio para disminuir su consumo, algo que en la práctica no sucede. En este caso, el efecto fiscal es tan calculado que el proyecto propone ajustes anuales, en función del Índice de Precios al Consumidor.
Pero hay otros aspectos que ponen en evidencia la intención fiscalista del proyecto, como el aumento del impuesto, del 2 al 5%, a la salida de divisas. Al tiempo de generar más ingresos, el Gobierno pone nuevas barreras a las importaciones, pero corre el riesgo de alentar la inflación.
Si el propósito no es elevar el precio de las materias primas y los bienes de capital, y con ello tener disponibilidad de más recursos, estos debieran estar exentos del pago. Es deber de la Comisión de lo Económico de la Asamblea tomar en cuenta los efectos de una Ley cuyos propósitos debieran transparentarse a lo largo de los debates.