La reforma del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una tarea compleja, porque demanda de un consenso social amplio.
Pero asimismo es ineludible e impostergable por al menos cuatro elementos. El primero y más notorio: la población envejece a un ritmo más acelerado de lo que crece la cantidad de afiliados y la esperanza de vida es mayor.
Actualmente, cinco aportantes sostienen a un jubilado cuando lo mínimo son ocho. Y la tendencia es hacia la baja.
Esto ha llevado a que la brecha entre lo que ingresa al sistema por aportes y lo que sale por pago de rentas jubilares se agrande y se genere lo que se conoce como déficit básico.
El segundo elemento es que el 40% de contribución estatal se ha vuelto insuficiente. Para el 2022, el pago de pensiones superó a los aportes en USD 2 500 millones y la inyección estatal no superó los USD 2 000 millones.
Un tercer factor está relacionado con las reservas del sistema, las cuales debieran crecer de forma eficiente y con alta rentabilidad para cubrir las actuales y futuras pensiones.
En este caso no ha sucedido así, entre 2015 y 2018 el Estado dejó de honrar el pago del 40% y tiene un historial de cancelaciones impuntuales.
En consecuencia, el IESS se ha visto obligado a desinvertir sumado a que buena parte de las reservas están invertidas en bonos estatales.
Un cuarto elemento es la mora patronal, que hace más pesado el manejo de las finanzas del sistema.
Frente a este panorama, los jóvenes afiliados son los llamados a articular el debate de las reformas con un objetivo: garantizar sus pensiones en el largo plazo (50 años).
Experiencias de otros países han demostrado que es posible protegerse sin afectar los fondos jubilatorios. Una salida es que el Estado forme reservas para atender la mayor demanda futura.
Noruega, por ejemplo, deposita parte de su ingreso petrolero en un fondo para emparejar los niveles de impuestos en caso de un cambio demográfico.
Cualquier reforma que se tome en el caso ecuatoriano debe ser viable en términos fiscales, compatible con el crecimiento económico, sostenerse en el tiempo y políticamente viable.
Esta reforma es un proceso que demanda el apoyo de todos los niveles del gobierno, la Asamblea y la ciudadanía.