La noticia de la salida del general Fausto Tamayo del más alto cargo de la Policía Nacional fue sorpresiva.
Un tuit del ministro del Interior, José Serrano, ligaba las denuncias de corrupción en los pases de los policías con la presentación de la baja del Comandante General de la Policía.
Es una aseveración que deberá confirmarse en la investigación que se espera sea exhaustiva y permita desmantelar, si las hubiere, las redes de corrupción dentro de esta importante fuerza del orden.
El tema no es nuevo: el destino o permanencia de los policías en ciertas plazas se asoció a palanqueos, a veces a cambio de dinero, que se habían establecido como modus operandi común.
Cuando el 30 de septiembre del 2010 se produjo una rebelión policial, la respuesta fue la oferta de reestructurar varios aspectos al interior de la Policía.
Un propósito era dar paso a la desmilitarización de la Policía, que significaba cambiar su estructura jerárquica.
Otro tema era volver a la Policía más cercana a los ciudadanos -y en esta línea hay varios avances-. Un vínculo importante con la comunidad era dotar a cada barrio o circunscripción de policías oriundos de la zona o vecinos del lugar, para alcanzar un deseable sentido de pertenencia a la comunidad.
Eso, al parecer, no se ha cumplido y casi cinco años después reflota como un tema que se hace urgente atender para limpiar la institución policial de este tipo de corruptelas que tanto daño le hacen a su credibilidad ante la gente.