Un nuevo frente de debate político se abrió en el país sobre la propuesta de reformas al Código de la Democracia.
Hace unos días, el Consejo Nacional de Gobiernos de Parroquiales Rurales, Congacopare, presentó un proyecto para que los prefectos provinciales sean elegidos solamente por los habitantes de esas jurisdicciones, sin contar con las grandes ciudades y capitales. El total de la población rural en capacidad de votar corresponde al 22.63% de los ecuatorianos aptos para sufragar, es decir una minoría.
La estructura de la organización política establece a las provincias con sus prefectos, y la petición que llegó ya al Parlamento pretende asignarle más poder y presencia al votante del campo.
Es verdad que las ciudades tienen sus alcaldes, pero los vecinos de las ciudades también viven en la jurisdicción provincial, con lo cual se estaría restringiendo su derecho a elegir.
No hay que descuidar que la atención presupuestaria que merecen las áreas rurales es un tema a tomar en cuenta pero las tesis jurídicas y las movilizaciones al Palacio de Gobierno y a la Asamblea ( al más puro estilo clientelista) a nada conducen.
Es un tema delicado que merece un exhaustivo análisis jurídico y en estas circunstancias, en plena cirugía a los aspectos de corrupción, a la espera de cambios para superar la crisis económica de una mesa no tendida y las tensiones políticas quizá no sea apropiado abrir otra brecha entre ecuatorianos.