En 60 días, los ecuatorianos irán a las urnas no solo para elegir nuevas autoridades. Por decisión popular se definirá si se frena o no la explotación petrolera del bloque 43 o ITT, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
Esta trascendental consulta -lograda por iniciativa ciudadana– marcará una nueva visión del modelo de desarrollo que se quiere. Desde los 70 hasta hoy el Ecuador se ha posicionado como un país dependiente del petróleo. Aunque sus reservas probadas se prevé no lleguen más allá del 2030.
Pero si el 20 de agosto del 2023 gana la propuesta de mantener el crudo bajo tierra se abre un nuevo camino pro-conservación. Es conocido a escala mundial, la megadiversidad que hay en el Parque Nacional Yasuní. Además, de ser el hogar de poblaciones no contactadas.
Esta apuesta obligaría al Gobierno entrante a retirar la infraestructura y cerrar los pozos petroleros. A este retiro técnico se suman los costos financieros que debe asumir Petroecuador.
El Proyecto regional Monitoreo de la Amazonía Andina, por ejemplo, ha mostrado imágenes de dos recientes plataformas de perforación petrolera (Ishpingo A y B), que deberán ser desinstaladas. La segunda está a 300 metros de la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible, según este estudio.
Lo propio también debería ocurrir en los campos Tiputini y Tambococha.
Si el país va por este camino el mayor desafío para las autoridades será buscar cerca de USD 14 000 millones. Este monto se dejará de percibir por la extracción de reservas del bloque ITT, durante 20 años.
Esta no sería la primera vez que un país debe buscar recursos con base en la conservación de su riqueza natural.
A fines del 2022, Costa Rica, por ejemplo, evidenció que sí es posible al recibir su primer pago de USD 16,4 millones por la reducción de emisiones de carbono. En este caso, su bosque tropical cubre cerca del 60% de la nación centroamericana.
Por otro lado, si los ecuatorianos optan por mantener la explotación petrolera en esta zona, los problemas actuales tampoco desaparecerán.
Uno de ellos es que la renta petrolera no se distribuye de forma equitativa a provincias de la Amazonía, de donde sale el crudo. Las ganancias petroleras más bien sirven para financiar las deudas e importar cada vez más derivados de crudo. En esta dinámica no han faltado los escándalos de corrupción.
Frente a estos dos escenarios, la consulta popular abre la puerta para reflexionar qué modelo de desarrollo queremos a futuro: extractivista o conservacionista.
Más editoriales:
Visita nuestros portales: