Entre los cambios constitucionales que se quiere introducir con las enmiendas hay un derecho de libertad: la comunicación.
Sin lugar a dudas, este es un tema de principios, un concepto clave en democracia para sostener el debate abierto, plural, la libre circulación de las ideas y el juego de una libertad sin cortapisas.
Las sociedades libres cuentan con normas de convivencia civilizada.
Una economía abierta merece además una prensa libre, no para garantizar solamente el trabajo de los periodistas ni para hacer que los medios sean un negocio sostenible (lo que no está mal). Es un principio clave que una sociedad libre cuente con unos medios de comunicación donde la gente tenga opciones para escoger de qué manera informarse y para comparar y elegir puntos de vista diferentes, sin ninguna tutela.
Las sociedades sometidas a la vigilia de un Estado que a su vez depende del control del poder político, no garantizan la democracia; por el contrario, la liquidan.
El Presidente y el Gobierno no creen en el libre juego de los medios privados, los critican por considerarlos mercantilistas, como si no depender del pautaje estatal estaría reñido con el ejercicio libre de una prensa independiente.
Por eso, en ese concepto de un Estado controlador, con la reforma constitucional cobijada en la enmienda, se quiere consagrar un modelo que perjudica a los distintos actores sociales, económicos, políticos y culturales. Escuchar una sola voz resulta altamente peligroso para la democracia y la vida en libertad.