El detonante de las marchas y protestas fue el anuncio de dos reformas complejas: las leyes de herencias y de plusvalía.
Esos polémicos proyectos desataron las tensiones y el descontento que se fueron acumulando durante los tres mandatos del presidente Rafael Correa.
No es la primera vez que un sistema político basado en una Constitución que favorece la concentración del poder y a la vez proclama las garantías ciudadanas, provoca contradicciones de fondo.
Ahora las personas perdieron el miedo y a la protesta social espontánea se sumaron varios actores políticos para expresar su malestar y fustigar al Régimen.
El oficialismo respondió y la tensión cobró otro cariz. En uno y otro bando, la ‘militancia’ expresada a través de las redes sociales y la presencia en las calles, desata pasiones y agudiza la polémica.
El Gobierno habla de conspiraciones y golpes blandos y señala a dirigentes opositores como promotores de esas expresiones de desestabilización. No es una buena idea hablar de diálogo mientras se descalifica y se siembra sospechas.
El tono de los discursos, en las vísperas de la visita pastoral de Su Santidad, no se atenúa y por el contrario llegó ayer, jueves 2, a una crispada cresta de la ola.
A esta hora cabe recalcar que la protesta ciudadana es un mecanismo legítimo y que se debe hacer en el marco civilizado de respeto. La fuerza pública debe promover el orden y no reprimir.
Si existe voluntad de buscar soluciones, no se deben atizar las diferencias. Busquemos unos días de sosiego.