Los ecuatorianos expresamos con claridad nuestra voluntad de cambio en febrero; en la consulta se envió un mensaje: establecer condiciones para dejar atrás una institucionalidad que no garantizaba controles, balances e independencia. Una decisión así, entregar tanto poder a pocas personas, entraña riesgos muy altos, sin embargo, se consideró que eran menores a los que podría existir en caso de mantener una institucionalidad al servicio –principalmente- de un partido.
No debemos olvidar que nuestra historia es pródiga en ejemplos de regímenes de excepción, aprobados con la esperanza de cambios definitivos, de nuevos tiempos. Ya les pasó a muchos simpatizantes en los primeros años de la autodenominada revolución ciudadana, quienes decidieron callar, mirar a otro lado, no expresar sus desacuerdos de forma abierta. Cuidaban el ‘proyecto’ de las amenazas de la derecha, de los de siempre, de la partidocracia. Si bien en privado unos pocos exteriorizaban sus desacuerdos, preferían en público guardar silencio y esperar. Se justificaban: podrían, desde adentro, hacer cambios, aportar a la transformación, a la refundación ética y a reencauzar la práctica política. Mientras callaban se sentaron bases sólidas para la acumulación del poder que podría usarse con cualquier objetivo; esas personas justificaron los insultos, la descalificación y la intolerancia, como una expresión del ímpetu y pasión de aquel joven Correa.
Quienes criticaban este silencio eran acusados de ingenuos, de no entender la política y de ser incapaces de comprometerse con la transformación, y de mirar que era necesario sacrificar -incluso los principios- por un bien mayor. Para muchos de ellos solo fue cuestión de tiempo acomodarse a los privilegios, prebendas y beneficios, los que no lo hicieron fueron separados o se retiraron, pero el daño estaba hecho, se habían sentado las bases para la acumulación de poder y la corrupción.
No permitamos que nos vuelva a pasar. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que se repitan viejas prácticas. Los miembros del Consejo de Participación de Transición, y los designados por ellos, deben actuar con especial cuidado, en tanto no votamos para traspasar las instituciones a nuevos intereses políticos, hacerlo sería traicionar el mandato popular y descalificar su propio accionar.
Errores como la designación de fiscales provinciales, con la corrección posterior, de parte del Consejo de la Judicatura, genera una sensación de que el cambio puede quedar solo en nuevos nombres, que únicamente se ha cambiado de manos el control; por ello, deben extremar el cuidado, y que en caso alguno la urgencia les haga perder de vista el objetivo del proceso, que es establecer las bases, reinstitucionalizar el país y no solo cambiar de manos el control.
Esta vez nadie debe guardar silencio, estamos a tiempo de impedir que esta transición no parezca ser más de lo mismo. Yo sigo confiando en usted Dr. Trujillo, no nos decepcione.