Farith Simon

Expuestos y sin defensa

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Lunes 23 de septiembre 2019

Desde el 2009 está vigente la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, normativa que permitió recopilar datos de los ecuatorianos contenidos en bases de datos públicas y privadas. La ley cubría a los registros civil, mercantil y de la propiedad, pero permitió que unos pocos funcionarios decidan la adición de otros datos. El Estado tiene, desde hace años, información de nuestra vida privada sin que nosotros, los titulares de esa información, autoricemos de forma alguna su recopilación y uso.

La ley contiene garantías para asegurar que sepamos que esa información está en manos del Estado, podamos verificar su exactitud y solicitemos la rectificación cuando la información sea errónea. Si bien la confidencialidad es un principio, los riesgos eran evidentes al estar en manos de unos pocos funcionarios públicos que podían decidir la información a integrar y con un solo clic mirar nuestras vidas.

En el Estado correísta existía avidez por información de los ciudadanos, años más tarde de esta ley otra reforma autorizó la recopilación de información sobre nuestros ingresos y gastos; a partir de ese momento, toda actividad económica se colocó bajo vigilancia, El gobierno ha podido acceder y recopilar nuestros movimientos bancarios, bienes, acciones, participaciones mercantiles; información sobre nuestro estado civil, hijos, viajes y residencia; puede conocerse nuestros procesos judiciales, estudios, títulos, declaraciones de impuestos, indagaciones fiscales, trámites notariales. Una pequeña lista, el Estado tiene guardada la información de nuestras vidas.

En más de una ocasión, durante el régimen anterior, se usó nuestra información privada para atacar a opositores y críticos, información que claramente provenía de esas bases de datos, nada se hizo; cuando muchas empresas nos acosaban con llamadas, nada se hizo; sólo ahora que se produjo una filtración masiva parece que algo se hará. Como si nada hubiese pasado más de diez años de inacción frente a la violación permanente de nuestra privacidad.

En la filtración masiva de datos existen responsabilidades acumuladas en el tiempo, los responsables no son únicamente quienes copiaron, almacenaron y pusieron en venta nuestra información, en estos años hay docenas de personas que no tomaron medidas idóneas para que nuestra información en manos estatales no sea usada de forma indebida. Es tanta la negligencia que sabemos lo que pasó gracias a una información que provino de fuera del país.

¿Cómo va a enfrentar el Estado las amenazas derivadas de esta filtración? ¿Podremos saber los ecuatorianos quién usó nuestra información y cómo lo hizo? ¿Se reparará los daños causados por la filtración? Queda claro que, siendo necesaria la aprobación de una ley de protección de datos privados no es suficiente, pero es muy importante saber qué pasó realmente, sería un primer paso para evitar que esto vuelva a pasar. Todos estamos expuestos y hasta ahora sin defensa y vulnerables.