Farith Simon

Sobornos ¿y ahora qué?

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Lunes 14 de septiembre 2020

Para cualquier observador imparcial sería difícil establecer si lo sucedido en el “Caso Sobornos” es la expresión de la justicia o del abuso. La información disponible en las redes sociales, abierta a opiniones mucho más rápidas y aparentemente diversas, se presta a una extensa manipulación; allí funcionan a la perfección los falsos consensos, se convence a los convencidos, y la falacia ad populum (una de las formas de la falacia de autoridad), toma cuerpo: algo debe ser verdad porque muchos lo sostienen.

Siempre será difícil analizar un proceso judicial complejo (el lenguaje jurídico, miles de páginas, referencias, análisis de pruebas, etc.) aún más, cuando el caso es excepcional: el primero donde se juzga a un grupo tan importante de empresarios y ex funcionarios públicos de alto nivel, algunos de ellos políticos en ejercicio con un significativo apoyo social. Además, está el componente político; incluso antes de que el caso se judicialice, se promovió la idea de que todos los procesos judiciales en contra de estos personajes formaban parte de una persecución política por medio del sistema de justicia (Lawfare le llaman) y, luego del cambio de algunas autoridades resultado de la Consulta Popular del 2018, la acusación se profundizó.

En estos días he revisado sitios y comentarios de personas que sostienen que en el caso se produjeron múltiples violaciones al debido proceso (por una supuesta falta de independencia e imparcialidad de jueces y funcionarios); que se ha condenado sin pruebas (afirman que la base de la condena es el cuaderno de notas de Pamela Martínez); que se sancionó a empresarios por delitos corporativos y sin pruebas concretas en contra de algunos; que se aplicó de forma incorrecta la figura penal de cohecho y, en concreto, que la figura de autor mediato (lo del “influjo síquico”) es un absurdo completo, en la que se recuperan viejas y peligrosas teorías. He leído las sentencias (la condenatoria y las que resolvieron la apelación y la casación) y los elementos allí evaluados para la decisión son mucho más completos y complejos que lo que se presenta en las redes sociales, pero no hay duda que las reacciones y opiniones sobre el caso en su dimensión jurídica y política no pararán.

En la política el caso se usará como motor en la campaña presidencial en la que se presenta a uno de los condenados como un mesías desterrado, víctima de la persecución. En lo jurídico, el siguiente paso parece ser la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y, como lo han anunciado, se lo presentará ante el Sistema Interamericano, lo que implica muchos años de proceso; por eso, la defensa seguirá siendo esencialmente política, como lo fue durante todo este tiempo. Ya se escuchan voces que hablan de llamar a una nueva constituyente, porque saben que ni siquiera ganando las elecciones pueden activar el indulto o la amnistía, así que lo tratarán es de “refundar”, otra vez, la patria.