Hay decisiones que envejecen mal y pronto; una de ellas es la tomada por la Corte Constitucional hace pocos días, en la que se negó la posibilidad de consultar sobre la participación de las Fuerzas Armadas, de forma complementaria a la Policía Nacional, en el combate del crimen organizado; la negativa, de acuerdo con el criterio mayoritario del tribunal, es que la asignación de funciones separada a militares y policías son parte de la “estructura fundamental de la Constitución” y cambiarlas afecta el “carácter y los elementos constitutivos del Estado”.
Las dos afirmaciones son difíciles de sostener; no se entiende cómo permitir la participación complementaria de los militares, manteniéndolos institucionalmente separados de la Policía, altera la estructura fundamental del Estado, cuando esta última se refiere a temas como la responsabilidad del Ejecutivo en la materia o el carácter no deliberante de las dos instituciones. Tampoco puede considerarse como parte de los elementos constitutivos del Estado, entre los cuales están sus características y deberes, los símbolos patrios, el territorio, etc., el uso de recursos institucionales para garantizar la seguridad, el orden y la soberanía en el marco del respeto a los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
El Estado, no el gobierno, está bajo un ataque coordinado y planificado de la delincuencia organizada y transnacional, una acción claramente dirigida a menoscabar la soberanía estatal; las bandas quieren tener la última palabra, tratando de imponerla mediante el uso de una violencia indiscriminada que echa mano de los métodos terroristas, busca causar terror y trata como enemigos a todos quienes no se alinean con sus objetivos.
No estamos ante una amenaza cualquiera, sino ante una que pone en riesgo la misma existencia del Estado; en ocasiones parece que las respuestas están cargadas de ingenuidad y aumentan los riesgos y amenazas para los derechos de forma desproporcionada, olvidando que la seguridad es fundamental para protegerlos y garantizarlos.