Farith Simon

Glas, el inocente

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Lunes 28 de mayo 2018

El ex vicepresidente Jorge Glas se promociona como un hombre inocente, víctima de una persecución salvaje, condenado en un juicio “lleno de irregularidades”, y de acuerdo a sus defensores, sin pruebas y con una sanción contenida en una norma penal derogada. Es un caso de judicialización de la política como en Brasil, repiten una y otra vez.

Incluso se ha organizado una “veeduría internacional”, liderada por un ex ministro correísta, al que se han sumado políticos y abogados extranjeros, algunos han visitado el país y elaborado informes, asegurando que el proceso es político y que se lo ha condenado por presión de la opinión pública y la política. Más allá de la retórica, dos son los argumentos para justificar estas acusaciones: la inexistencia de pruebas y la aplicación de una norma derogada.

Cualquier que tenga un acercamiento serio a los procesos penales conoce que existen dos clases de pruebas: las directas y las indirectas. Las primeras son aquellas que, una vez aceptadas como válidas, permiten llegar a una conclusión sin necesidad de razonamientos complejos. Siempre se pone de ejemplo los videos en que se puede mirar -con claridad- una acción; no hace falta mucha inteligencia para afirmar que pasó lo que se ve en el video, siempre que se demuestre que no está alterado. Sin embargo, en la mayoría de casos las pruebas son indirectas, es decir indiciarias, se suman varias para llegar a una conclusión. Son pruebas que requieren de una inferencia lógica, de razonamientos intermedios.

Los delitos asociados a la corrupción suelen ser complejos, en pocas ocasiones se tiene prueba directa, usualmente se requiere examinar el conjunto de la prueba para llegar a una conclusión. Veamos un ejemplo: una empresa reconoce haber incurrido en actos de corrupción y acepta que ha entregado dinero para ganar contratos; se tiene los movimientos contables que prueban la entrega del dinero y que los contratos efectivamente fueron asignados a esa empresa. Hay testigos que afirman haber pagado esas coimas por intermedio de un familiar cercano a la persona que toma las decisiones clave en esa área, el familiar recibió dinero de la empresa corruptora sin justificación. Existen conversaciones y videos en los que la persona procesada aparece señalada directamente con nombre y apellido. No es muy difícil, pese a que no exista un cheque o una cuenta a nombre del procesado y condenado, deducir que toda esa información lleva en una sola dirección. Ponga nombres y apellidos al ejemplo, podrá concluir que la alegación de que no existen pruebas es parte de una defensa de carácter político, al igual que las alegaciones sobre la aplicación de una norma derogada, algo que explicaré en mi próxima columna.

No se puede negar la politización de la justicia, promovida por los que ahora se quejan de ello, pero un mínimo conocimiento jurídico pone en duda la afirmación de que el Sr. Glas es un inocente preso por una persecución política.