¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Deportivo Quito atraviesa el momento judicial más crítico de su historia debido a un juicio concursal de acreedores que lleva casi 10 años en litigio, proceso en el cual el club ganó un margen de tiempo clave antes de que la justicia defina si decreta su quiebra oficial.
El Deportivo Quito conocerá su destino institucional el próximo jueves 10 de diciembre de 2026, fecha determinante en la que el juez Santiago Altamirano reinstalará la Junta de Acreedores en el Complejo Judicial Norte para resolver el futuro de la escuadra azulgrana y el destino de todos sus bienes.
Esta nueva convocatoria se produjo luego de que fracasara la diligencia del martes 10 de noviembre, cita donde debía votarse entre aprobar un plan de pagos propuesto por la directiva ‘chulla’ o dar paso directo a la declaratoria de quiebra y la incautación de activos.
Tras ese diferimiento de última hora, el magistrado dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura para que investigue a los abogados del club, Celso Vásconez y Patricio Pazmiño, señalados por retardar indebidamente el avance del proceso judicial en perjuicio de los acreedores.
Desde la dirigencia esperan aprovechar este mes previo al jueves 10 de diciembre para destrabar el conflicto, pues el presidente José Pardo aseguró que buscarán negociar con los demandantes y justificó la postergación por la ausencia de su defensa legal en la sala.
Por su parte, Vásconez sostuvo en su cuenta de X que Santiago Altamirano conocía su viaje fuera del país y aclaró que en la fallida cita no se votaba la quiebra inmediata, sino la validez técnica del informe financiero presentado por el síndico William Erazo.
El abogado también cuestionó un presunto conflicto de intereses, alegando que Christyan Aguas, representante legal elegido por el síndico William Erazo, es el mismo jurista que demandó anteriormente a Deportivo Quito en dos procesos distintos.
Asimismo, acusó al síndico de no gestionar el cobro de valores retenidos por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) en favor de la ‘AKD’, fondos con los cuales la institución podría cubrir parte de sus deudas antes de la audiencia decisiva de diciembre.
El panorama financiero de la ‘AKD‘ con el que llegará a la mesa el jueves 10 de diciembre es crítico, pues el balance con corte al 15 de julio de 2026 registra activos totales por apenas 489 364 dólares, monto que incluye 193 903 de un laudo arbitral de diciembre de 2024.
En esa misma contabilidad constan 231 940 dólares por marcas, patentes y derechos deportivos de los futbolistas, además de 63 520 dólares en tres inmuebles menores, cifras insuficientes frente a un pasivo total que trepa hasta los 3,7 millones de dólares.
Las obligaciones incluyen 688 233 dólares con el IESS y el Municipio de Quito, sumados a 2,9 millones de dólares con terceros por deudas judiciales superiores a 3,02 millones y una factura del síndico, dejando un patrimonio negativo de 3,2 millones.
En la diligencia de diciembre también pesará el futuro del Complejo Ney Mancheno Velasco en Carcelén, valorado en 3,03 millones de dólares, predio que los acreedores exigen subastar, pero que el club y el cabildo defienden como inembargable por una escritura de 1964.
Mientras llega la fecha clave, el club opera mediante la gerenciadora MarkSDQ —controlada en un 80 % por Songoku S.A.S. (480 dólares) y en un 20 % por Hub S.A.S. (120 dólares)—, por lo que Erazo pidió auditar sus libros y abrir una cuenta judicial controlada.
La Junta de Acreedores se reinstalará el próximo 10 de diciembre de 2026 en el Complejo Judicial Norte.
El juez Santiago Altamirano fijó esta nueva fecha luego de que fracasara la diligencia del martes 10 de noviembre por la ausencia de la defensa legal del club, motivo por el cual el magistrado también pidió al Consejo de la Judicatura investigar a los abogados Celso Vásconez y Patricio Pazmiño por retardar el proceso.
Se definirá el futuro institucional de la escuadra azulgrana y el destino de sus bienes, votando entre aprobar un plan de pagos propuesto por la directiva ‘chulla’ o decretar la quiebra definitiva y la incautación de activos.
Mientras el presidente José Pardo aseguró que aprovecharán este mes previo para buscar acuerdos con los demandantes, el abogado Celso Vásconez sostuvo que el debate técnico pasa por revisar la validez del informe financiero elaborado por el síndico William Erazo.
El club registra un pasivo total de 3,7 millones de dólares frente a activos totales de apenas 489 364 dólares, lo que deja un patrimonio negativo de 3,2 millones de dólares.
Según el balance con corte al 15 de julio de 2026, las obligaciones incluyen 688 233 dólares con el IESS y el Municipio de Quito, además de 2,9 millones de dólares con terceros por deudas judiciales superiores a 3,02 millones y una factura pendiente del síndico.
El predio, valorado en 3,03 millones de dólares, se encuentra en disputa entre los acreedores que exigen su subasta y la directiva junto al cabildo que lo defienden como inembargable.
El club y el Municipio de Quito sostienen que el complejo ubicado en Carcelén no puede ser rematado debido a una escritura de donación de 1964 que prohíbe enajenarlo y establece su devolución a la municipalidad si pierde su fin deportivo.
El equipo funciona a través de la empresa gerenciadora MarkSDQ, controlada en un 80 % por Songoku S.A.S. (480 dólares) y en un 20 % por Hub S.A.S. (120 dólares).
Ante este esquema operativo, el síndico William Erazo solicitó al juzgado auditar los libros contables de la gerenciadora y abrir una cuenta bancaria controlada directamente por el juez para depositar las recaudaciones antes de la audiencia de diciembre.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.