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Deportivo Quito atraviesa el momento judicial más crítico de su historia debido a un juicio concursal de acreedores que lleva casi 10 años en litigio y podría terminar en la declaratoria oficial de quiebra y el remate de sus bienes.
El martes 10 de noviembre de 2026 debía instalarse en el Complejo Judicial Norte la Junta de Acreedores para votar entre dos caminos. El primero era aprobar un plan de pagos propuesto por el Deportivo Quito y el segundo decretar la quiebra definitiva y la incautación de activos.
La diligencia fracasó tras una maniobra dilatoria de última hora presentada por la defensa del equipo ‘chulla’. Ante esto, el juez Santiago Altamirano reprogramó la audiencia para el 10 de diciembre de 2026 para resolver el futuro de la institución.
Además, el magistrado dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura para que investigue a los abogados del club, Celso Vásconez y Patricio Pazmiño, por retardar indebidamente el proceso judicial en perjuicio de los acreedores.
El balance presentado en el proceso judicial con corte al 15 de julio de 2026 revela que el total de activos del club asciende apenas a 489 364 dólares. Este monto incluye 193 903 de activos corrientes provenientes de un laudo arbitral de diciembre de 2024.
En los activos no corrientes se registran 231 940 dólares correspondientes a marcas, patentes y derechos deportivos de los jugadores. Por su parte, los inmuebles depreciables suman 63 520 dólares en tres predios menores de la institución.
Del lado de las obligaciones, el total de pasivos alcanza los 3,7 millones. De esa suma, 688 233 son deudas con entidades públicas como el IESS por aportes y gastos judiciales, y con el Municipio de Quito por impuestos prediales.
Las obligaciones con terceros suman 2,9 millones, impulsadas por deudas judiciales que superan los 3,02 millones de dólares y una factura pendiente del síndico. Esto deja un patrimonio negativo de 3,2 millones en el balance judicial.
El eje de la pelea es el Complejo Ney Mancheno Velasco en Carcelén, valorado en 3,03 millones de dólares, el cual figura con restricción en el balance.
Los acreedores exigen su embargo y subasta pública para cobrar sus haberes, mientras que la directiva y el Municipio de Quito sostienen que es inembargable por una escritura de donación de 1964 que prohíbe enajenarlo y lo devuelve al cabildo si pierde su fin deportivo.
Como las cuentas bancarias de Deportivo Quito están bloqueadas desde 2014 por juicios coactivos del IESS, el SRI y juzgados, el club opera comercialmente mediante la empresa gerenciadora MarkSDQ, controlada por las firmas Songoku S.A.S. y Hub S.A.S.
El capital de Hub S.A.S. registrado en la Superintendencia de Compañías es de 120 dólares, que equivale al 20 % de participación accionaria, y el de Songoku S.A.S. de 480, que equivale al 80 % restante de la empresa.
El perito y síndico de quiebra, William Erazo, pidió al juez obligar a la dirigencia a entregar el contrato con MarkSDQ, auditar sus libros contables y abrir una cuenta bancaria bajo control exclusivo del juzgado para depositar las recaudaciones.
Por su parte, el presidente José Pardo indicó que en el espacio de esta suspensión buscan llegar a acuerdos con los acreedores. “Si hay la posibilidad de llegar a acuerdos”, mencionó ante los medios de comunicación.
Manifestó que el diferimiento de la audiencia se lo puede interpretar de distintas maneras, pero al no contar con la presencia de su defensor, lo más coherente era presentarse y pedir que la misma se lleve a cabo en otra fecha.
Celso Vásconez en su cuenta de X detalló que el juez a cargo del caso (Santiago Altamirano) estaba al tanto de que estaría fuera del país, por lo que era imposible que asista a la diligencia, pero aun así el proceso siguió su curso.
Infirió que existe un conflicto de intereses entre el síndico de quiebra (William Erazo) y el abogado que eligió para su representación (Christyan Aguas) porque es el mismo que demandó al club por más de 1,8 millones de dólares en dos procesos distintos.
Afirmó que el mismo síndico que opera en contra del club no ha realizado las gestiones que le corresponden para “recuperar” valores que la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) tiene en favor de la ‘AKD‘ con los que podría “pagar a los acreedores”.
Agregó que en la fallida diligencia del 10 de noviembre no estaba en discusión si el club era declarado en quiebra, sino que era para discutir el informe presentado por el síndico “está bien hecho o no”, aspecto que puso en duda.
Deportivo Quito enfrenta un juicio concursal de acreedores que lleva casi 10 años en litigio y su futuro se definirá el 10 de diciembre de 2026, fecha en la que el juez Santiago Altamirano reprogramó la Junta de Acreedores tras suspenderse la audiencia prevista para el 10 de noviembre.
En dicha diligencia del Complejo Judicial Norte, los acreedores deben votar entre aprobar un plan de pagos presentado por el club o decretar su quiebra definitiva e incautar sus activos. La audiencia del 10 de noviembre fracasó por una maniobra dilatoria de última hora de la defensa chulla, lo que llevó al magistrado a pedir al Consejo de la Judicatura que investigue a los abogados Celso Vásconez y Patricio Pazmiño por retardar el proceso.
Según el balance judicial con corte al 15 de julio de 2026, Deportivo Quito registra pasivos totales por 3 709 892 dólares frente a activos de apenas 489 364 dólares, lo que arroja un patrimonio negativo de 3 220 528 dólares.
Dentro de las deudas acumuladas figuran 688 233 dólares con entidades públicas como el IESS y el Municipio de Quito, además de 2 994 389 dólares en obligaciones con terceros impulsadas por deudas judiciales superiores a los 3,02 millones. Por su parte, los activos del club se componen de 193 903 dólares por un laudo arbitral de diciembre de 2024, 231 940 dólares en marcas, patentes y derechos deportivos de jugadores, y 63 520 dólares en tres predios menores.
La directiva de Deportivo Quito y el Municipio de Quito sostienen que el Complejo Ney Mancheno Velasco (en Carcelén), valorado en 3,03 millones de dólares, es inembargable debido a una escritura de donación de 1964.
Este predio es el eje central de la disputa legal porque los acreedores exigen su embargo y subasta pública para cobrar sus haberes, pero figura con restricción en el balance oficial. El documento de donación de 1964 prohíbe enajenar el terreno y establece que, si el inmueble pierde su fin deportivo, debe revertirse automáticamente al cabildo quiteño.
Debido a que sus cuentas bancarias están bloqueadas desde 2014 por juicios coactivos, Deportivo Quito opera comercialmente mediante la empresa gerenciadora MarkSDQ, controlada por las firmas Songoku S.A.S. (80 % del capital con 480 dólares) y Hub S.A.S. (20 % con 120 dólares).
Frente a este esquema comercial, el perito y síndico de quiebra, William Erazo, solicitó al juez que obligue a la dirigencia a entregar el contrato firmado con MarkSDQ, someter sus libros contables a una auditoría y abrir una cuenta bancaria bajo control exclusivo del juzgado para depositar allí todas las recaudaciones del equipo.
El presidente José Pardo asegura que el proceso concursal es manejable y descarta la quiebra o desaparición del club, mientras que el abogado Celso Vásconez acusa al síndico William Erazo de conflicto de intereses y de no gestionar cobros pendientes ante la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP).
José Pardo afirmó que el club mantiene activa su operación deportiva para buscar el ascenso a la Serie B y justificó el pedido de diferimiento por la ausencia de uno de sus defensores. Por su parte, Celso Vásconez señaló en su cuenta de X que el juez sabía de su viaje fuera del país, cuestionó que el abogado del síndico haya demandado antes al club por más de 1,8 millones de dólares en dos procesos perdidos y aclaró que la audiencia del 10 de noviembre buscaba evaluar el informe del síndico y no decretar la quiebra.
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