La crispación de la semana anterior, por el desacuerdo entre Asamblea y Ejecutivo, por el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, desnudó el grave problema que vive el país: la gobernabilidad es difusa y eso, a la final, raya en la inercia política con consecuencias administrativas y económicas.
En la Asamblea corren rumores de demandas penales y bloqueos políticos en el próximo periodo para quienes voten a favor de esa normativa. Así que esa podría ser la razón para que quienes califican las leyes antes de que se debatan en el Pleno Legislativo hayan fungido de constitucionalistas y descartaran el articulado por supuestas inconsistencias con la Carta Política.
Este proyecto, entre otras cosas, pide poner trabas a que las reservas internacionales, que maneja el Banco Central del Ecuador (BCE), sean manipuladas contablemente con papeles de deuda interna, de poco valor rentable, lo que evitaría una salida forzosa de la dolarización. Pero por dos veces fue rechazada por la Asamblea. Así, se dilucida que no hay una figura en Carondelet que pueda llegar y motivar a los Asambleístas a que, al menos, discutan y debatan y que, tras ese ejercicio básico de democracia, aprueben o nieguen una ley.
Le ha tocado al mismísimo Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, fungir como ese nexo. Él ha logrado crear unas mesas interinstitucionales que recién se instalaron ayer, cuatro días después de lo anunciado. Él debería estar en su despacho recibiendo reportes del contacto del Gobierno en la Asamblea sobre lo mínimos y máximos que se pueden negociar, mientras sigue solucionando otros temas económicos más urgentes de la coyuntura.
Lo inverosímil es que el país caiga en un estado de inanición, de letargo que refuerza el criterio de que el Ecuador necesita mesías, caudillos o mecenazgos ideológicos para salvarlo. Es inaudito que la Asamblea se niegue a debatir y que el Ejecutivo no tenga una brújula y, a l parecer, esté esperando el campanazo final ante su falta de una estrategia mínima.