El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el tercer Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, el pasado lunes. Allí se les informó sobre las alternativas que estudia para la reducción del Fondo de Promoción Partidaria, por la crisis económica que vive el país por la emergencia sanitaria del covid-19. Sin dudas, es un anuncio que complace a una parte de la población, en tiempos en que están impagos los médicos del sector público de la salud que luchan contra la pandemia.
Sin embargo, hay algunas consideraciones que no hay que perder de vista. El fondo al que alude el CNE es un presupuesto estatal con el que financia a los partidos, para que puedan contratar su propaganda en iguales condiciones. Si se reduce ese fondo, podrán llegar con menos eficacia sus propuestas y programas de gobierno.
Por otra parte, el fondo se distribuye entre todos los candidatos. Por ejemplo, el CNE había hecho una proyección de 12 binomios presidenciales y había estimado USD 42,84 millones. Es decir, que con el actual estado de las cosas, si hay más binomios y, por otra parte, el fondo disminuye, los candidatos tendrán menos oportunidades para difundir su discurso político.
Aun así, lo que no se disminuye es el financiamiento de la campaña de sectores privados. Cada binomio puede gastar un máximo de USD 5 millones. El problema es que el CNE se toma su tiempo para hacer un recuento de quien aportó, apenas un asiento contable y no una auditoría de la procedencia de los recursos. De ahí que, por ejemplo, el correísmo decía como coartada que el CNE no había encontrado nada raro en sus cuentas y, más bien, hubo de ser la Fiscalía la que tuvo que indagar y desenredar el caso Sobornos: un cohecho para las arcas de Alianza País.
Y está claro que si el político pide financiamiento para su campaña, habrá particulares dispuestos a darlo, pero nadie da algo suyo sin una promesa de retorno. Se genera una dependencia respecto del dinero privado y tras el caso Sobornos, no es una buena noticia.