Estas elecciones seccionales 2019 son inéditas: hay una fiebre de postulaciones. Son 80 281 candidatos. Hay dos razones para esta ‘viralización política’: la salida del panorama electoral del partido dominante y un exacerbado interés por crear movimientos locales para captar las juntas parroquiales que tienen el 66% del total de dignidades. Pero poco se ha hablado de las consecuencias.
En primera instancia, es un número excesivo, hay un candidato por cada 212 habitantes. Si bien no hay una media, la cantidad de candidatos es superior a las elecciones del 2009 (28 180 postulantes), y a la de los comicios del 2004 (31 910 aspirantes). Una consecuencia obvia es que el deseo de los políticos marginados por poder electoral hegemónico en los últimos 10 años, y que ahora se han desplegado en masa por un espacio de poder, lleve a que funden sus ofertas en una acción mediática efectiva (demagogia). El mercadillo de ofertas será intenso y el elector debe estar prevenido.
La segunda consecuencia es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) será puesto a prueba. El primer tropiezo fue en el anuncio de la cantidad de candidatos. Solo siete días después de cerrar las inscripciones se supo que eran tantos. Las primeras previsiones de este organismo son aumentar la cantidad de Juntas Receptoras del Voto, aminorar la cantidad de votantes en ellas y adecuar a los vocales para que el trabajo de contar los votos no sea tan complicado.
De la misma forma, ante más candidaturas, es posible que sea menor el dinero que recibirán los postulantes para su promoción, ya que hay un presupuesto que fue aprobado en agosto pasado. Una forma de asegurar una correcta difusión de políticas antes que de eslóganes sería hacer debates ciudadanos, pero ¿quién obliga a los candidatos a fajarse en un debate de ideas? Sobre todo, a los que van primeros en intención de voto. Ellos aplicarán desde ya la deslegitimación de sus oponentes con menos opciones, que es una de las reglas de oro de la estrategia electoral. El debate será eludido.