Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Vándalos

La justicia debe ser implacable y actuar con todo rigor. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, los vándalos que el sábado quemaron dos motos de la Policía y agredieron a los agentes que patrullaban por el Guasmo Sur, un barrio de Guayaquil, deben someterse a los Tribunales y afrontar las consecuencias.

El Código Penal (art. 283) es muy claro al sancionar este tipo de ataques con cárcel de hasta siete años. Es inaudito saber cómo uno de los procesados habría incitado a los vecinos a linchar a los agentes. La Fiscalía recoge esta información en uno de sus comunicados y lo que provoca es estupor.

La norma penal determina que si un agente de la fuerza pública pierde la vida producto de un ataque, los responsables serán sancionados con cárcel de entre 22 y 26 años.

La violencia debe parar. No pueden repetirse estos hechos ni el ocurrido el 19 de abril, cuando un hombre que bebía licor en la vía pública de Cayambe-Pichincha tomó un ladrillo y golpeó en la cabeza de un agente.

Otras dos personas, que también estaban ebrias, lo patearon en el estómago y rompieron la ventana del patrullero. ¡Increíble!

Este es un país de derecho y en este momento de crisis, desatada por el covid-19, la fuerza pública tiene la orden del Gobierno de hacer respetar las restricciones. Lejos de ayudar, los violentos han agredido a 41 policías, 11 militares y a cuatro agentes de tránsito de Quito y a dos de Guayaquil. El personal de la Agencia Metropolitana de Control, que opera en la capital, también reporta enfrentamientos constantes con los informales.

Estos funestos casos se han repetido en la mayor parte del país. En Guayaquil, un policía que patrullaba el norte de la ciudad y vigilaba que se cumpliera el toque de queda fue apuñalado. El uniformado tuvo que ser atendido de urgencia tras sufrir una herida en el brazo.

Hoy, el responsable está procesado penalmente y deberá responder por dos cargos: incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad y por ataque y resistencia. Hay que actuar con firmeza contra los responsables.