El 2020 estuvo marcado por una ola de violencia que atemorizó a todo el país: 1 200 asesinatos en 11 meses. 126 más que en el 2019. Las mafias del narcotráfico desataron una ‘guerra’ por controlar territorios y se violentaron sitios considerados hasta hoy seguros, como un centro comercial. Resulta que un poco antes de que finalizara el año pasado, en uno de esos establecimientos fue asesinado el cabecilla de Los Choneros, alias ‘Rasquiña’.
Tras los meses más álgidos del coronavirus, las redes criminales se activaron poco a poco y comenzaron a mover los cargamentos ilegales que quedaron inmovilizados luego de que estallara la crisis por el covid-19.
Ese movimiento provocó rencillas entre los traficantes de la droga. Todos quieren espacios para expender los narcóticos.
Para anular a sus enemigos, hombres armados incluso han incursionado en fiesta infantiles y acribillado a un menor de edad. También atacaron en un evento público organizado por un gobierno seccional.
Hoy, el reto es frenar a esos grupos. La Policía urge de un talento humano mejor formado, con más capacidad de análisis, con más tecnología y acciones coordinadas.
La tarea no es fácil. En este año, los agentes tendrán un presupuesto de USD 1 192,1 millones, similar al 2020. No habrá aumento. Las condiciones económicas no lo permiten.
La delincuencia común también ha generado alertas. En el 2020, Quito sufrió violentos robos a personas y a locales de comercio.
El 58,2% de 3 229 robos a negocios registrados en el país de enero a octubre pasados se perpetró con pistolas, revólveres o puñales.
La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha tiene reportes similares.
60 000 vecinos reportaron al sistema de emergencia ECU-911 que fueron asaltados.
El cierre de la Fiscalía durante los primeros meses de la pandemia dificultó la presentación de denuncias. Entonces, en los barrios se abrieron nuevos canales para las quejas. Hoy se comunican en 2 413 chat comunitarios. El Estado tiene que responder a sus ciudadanos.