Es inquietante saber que miles de denuncias relacionadas con violencia de género no tienen una respuesta inmediata en las oficinas fiscales. Sí. Entre el 2014 y el año pasado, 338 166 quejas judiciales fueron reportadas en el país y la única respuesta para los usuarios es que el análisis no avanza por la carga de trabajo.
El año pasado, el Departamento de Control Jurídico de la Fiscalía alertó a los investigadores que 70 881 causas superaron el plazo que el Código Penal (art. 585) otorga para la indagación. El riesgo es que se archiven sin que exista una solución. ¡Indignante!
Está bien que la Fiscalía ponga énfasis en asuntos de corrupción, pero no puede desentenderse de estos temas, que incluso involucra a menores de edad.
Verónica es un ejemplo. En el 2015, cuando apenas tenía 4 años, fue agredida sexualmente por su padrastro. Su caso pasó a la segunda fase del proceso penal recién en diciembre del 2019. Es decir, cuatro años después de que se haya perpetrado el delito.
Carla fue violada por su abuelo en 2015 y no hay condena. El sospechoso está prófugo.
Testimonios como estos se encuentran a diario en los despachos fiscales. Uno de ellos sabe que es imposible ponerse al día. En su poder tiene6 320 expedientes que comenzó a recibir hace siete años. Cada mes recibe 43 denuncias más por delitos sexuales.
El 28 de enero pasado, la Fiscalía reconoció que en el país necesitan 541 agentes más, para cumplir con estándares internacionales. Entonces gestionen. Está bien que se haya contratado 74 médicos legistas, 71 psicólogos, 56 trabajadoras sociales y que se haya nombrado a 12 nuevos fiscales, pero no es suficiente.
Las usuarias piden agilidad. Llegan amenazadas, golpeadas, intimidadas y con alteraciones psicológicas por el impacto de las agresiones. Por falta de respuestas muchas abandonan las denuncias y estas se diluyen.
Entre el 10 de agosto del 2014 y el 29 de febrero pasado, el país registró 1 026 muertes violentas de mujeres. 385 fueron investigadas como femicidios. Hay que frenar esta realidad.