Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

El lento proceso para evaluar a los jueces

Dos meses después de que la Judicatura anunciara la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el proceso avanza lento. Apenas esta semana se sabrá quiénes integrarán dos comisiones creadas para este fin.

Aunque la autoridad diga no tener plazos para hacer la evaluación, es urgente agilizarla y saber quiénes administran la justicia.

En febrero pasado, la Mesa de la Verdad y la Justicia señaló públicamente a 14 jueces y conjueces, porque aparentemente persiguieron durante el correísmo. Sobre ese informe, de 249 páginas, tampoco se ha pronunciado el actual Consejo de la Judicatura.

La evaluación a los magistrados es una tarea pendiente desde el 2018. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio frenó el proceso bajo el argumento de que el tiempo que tendrían los responsables para este trabajo sería insuficiente.

La Judicatura de transición alcanzó a elaborar tres métodos, pero las actuales autoridades no los han tomado en cuenta. Comenzaron desde cero y proyecciones más optimistas calculan que el proceso durará unos siete meses. Hay voces de juristas con dilatada trayectoria que piden no demorar más, que se clarifique qué nivel de preparación tienen los magistrados, que el país sepa si estuvieron o no detrás de la persecución desatada por el correísmo.

Más allá de que la Corte Nacional se haya molestado y haya pedido reglas claras de lo que se hará, el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 87) dice que los servidores de la Función Judicial deberán rendir una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con la presencia de un control social.

En la normativa se menciona que los jueces que no alcancen un puntaje mínimo requerido serán evaluados nuevamente dentro de tres meses. Si mantienen una calificación deficiente serán removidos de sus cargos.

Ahora solo queda cumplir. El Consejo de Participación exhortó para que en el menor tiempo posible establezcan los parámetros e inicien la evaluación a los funcionarios.