La reapertura de la investigación sobre la compra de los helicópteros Dhruv sin duda genera mucha expectativa. 12 años después de la compra de siete aeronaves por USD 45,2 millones, los operadores de justicia tienen la oportunidad histórica de establecer responsabilidades, más aún cuando toda la flota está en tierra por una serie de siniestros.
Resulta que Ecuador pagó la empresa vendedora USD 30 millones como anticipo, pese a que algunas partes de las aeronaves no cumplían las especificaciones técnicas.
Cinco aparatos tenían motores y hélices del 2007, aunque en el contrato formal se exigía que fuesen fabricadas en el 2008.
Tampoco contaban con sistema de separador de partículas de aire ni con visores nocturnos de última generación. Además, se identificó que el sistema de alerta de aproximación a tierra no funcionaba correctamente. Tampoco tenían las certificaciones FAR y JAR, licencias de seguridad de vuelo que son emitidas por la Administración Federal de Aviación de los EE.UU.
Estos datos han sido lanzados públicamente desde el inicio del escándalo y hoy la Fiscalía tiene en sus manos la indagación.
Por ahora está señalado un ex Ministro de Defensa. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, quienes firmaron este contrato deben ser castigados bajo los preceptos del Código Penal. El artículo 278 establece cárcel de 10 a 13 años por peculado.
Este también es el momento propicio para que la justicia diga qué hubo detrás de la muerte del exjefe de la FAE Jorge Gabela.
El 21 de junio del 2018, en entrevista con este Diario, el perito internacional Roberto Meza, que indagó el deceso, confirmó que a Gabela lo mataron por sus denuncias sobre los Dhruv.
El experto reveló que esa información consta en el Tercer Informe de su trabajo que fuera entregado a las autoridades del anterior gobierno y que desapareciera misteriosamente.
Tres años antes, la autoridad de entonces movió todo el aparataje mediático y dijo que el crimen fue por robo. Que se indague todo.