Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Corte deslegitimada

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Martes 29 de octubre 2019

Las notas mediocres que 24 de 36 magistrados de la Corte Nacional obtuvieron en el proceso de evaluación solo confirman la serie de cuestionamientos que eran evidentes desde el correísmo. Indagaciones judiciales corroboraron, por ejemplo, cómo el anterior Gobierno usó una oficina privada para vigilar ilegalmente la conformación de este alto Tribunal. Promovieron a su gente para que ocupe esos cargos. Hubo persecución. Se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.

Todo quedó documentado en un informe de 249 páginas, que la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó a inicios de este año.

Recursos de casación, que se resuelven en última instancia en la Corte Nacional, pasaron años sin tratarse. Se conocieron solo después de que Rafael Correa dejara el poder. Hay indignación en los afectados.

Resulta que 16 de 24 jueces y conjueces que no aprobaron la evaluación ingresaron mientras el correísmo manejaba el país.

En esa lista aparece uno que levantó la prisión preventiva que pesaba en contra del ex secretario jurídico Alexis Mera. También está otro que es mencionado en un audio del ex contralor prófugo Carlos Pólit. Fue separado, pero interpuso acciones y volvió.

Hoy se sabe que las sentencias se dictaban sobre modelos preestablecidos. Los casos eran diferentes, pero se aplicaba la misma argumentación legal. Incluso se descubrieron sentencias textualmente iguales.

¿Quién permitió aquello? ¿Por qué lo hicieron? ¿No hubo control de quienes manejan el alto Tribunal? Alguien tendrá que responder.

Lo cierto es que en un foro tan importante, como la Corte, sus integrantes obtuvieron notas paupérrimas: 56,55 o 56,80 sobre 100 puntos.

El Consejo de Participación Ciudadana y la Contraloría aportaron con datos. Mostraron que ciertas designaciones no cumplieron la metodología ni los procedimientos establecidos. Hay muchos detalles que investigar. Entidades como la Judicatura, la Unidad Antilavado y la Fiscalía deben actuar de inmediato.