Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Justicia lenta

Lo ocurrido en Puyo con una menor de edad asombra. Ella y su familia tuvieron que esperar tres años, para que la justicia condenara a 19 años a dos personas señaladas por violación.

Los informes médicos confirmaron la agresión sexual, pero los problemas judiciales comenzaron en las mismas horas en que se produjo el ataque: las autoridades judiciales no tramitaron el hecho como delito flagrante, sino que se abrió una investigación previa y el caso quedó bajo reserva.

Después de una indagación, la justicia ordenó prisión preventiva para ambos. Pero esa disposición duró poco. Sus abogados apelaron y lograron salir en libertad.

Lo que vino después fueron apelaciones, quejas y postergación de audiencias sin explicaciones. Todo se dilató. Increíble.

¿Qué sucedió con esa promesa de blindar a los menores? Luego de que se destaparan los abusos que sufrió un grupo de niños en un plantel de Quito, todos se indignaron, protestaron, hicieron anuncios pomposos.

La Justicia prometió que jamás se repetiría semejante cosa, que se
agilitarían los procesos. Pero con lo sucedido en Puyo se ve que solo fue una reacción de momento.

La menor fue hallada al siguiente día en la calle, inconsciente, con la ropa enlodada.

Hubo conmoción en la familia. Su abogado pedía que se agilitasen las diligencias, para evitar que la niña sea más afectada. De hecho, el Código Integral Penal (art. 11) prohíbe la re victimización, especialmente, cuando se obtienen pruebas y se entrega la versión.

El caso llegó a las oficinas del Consejo de la Judicatura de Quito a inicios de junio y coin­cidencialmente se agilitaron los trámites.

La violación de una menor y de cualquier persona es por demás sensible y la justicia no debiera tardar tanto para emitir sus fallos.

La norma penal garantiza el acceso a la reparación integral sin dilaciones, al restablecimiento del derecho lesionado, a la indemnización y a que no se repita el delito. Cumplan con la norma, protejan a los menores. Por su fragilidad necesitan apoyo diligente y total.