Es lamentable saber que, en estos momentos de emergencia, ciudadanos irresponsables hacen mal uso del sistema de ayuda ECU-911. En apenas una semana, la autoridad ha tenido que suspender 3 000 líneas telefónicas de aquellos que se comunican con los operadores para pedir el envío de papas fritas, de hamburguesas o simplemente para lanzar bromas. ¡Inadmisible!
Los responsables deberán comparecer ante el sistema de justicia. El Código Integral Penal (art. 396, numeral 3) castiga con cárcel de 15 a 30 días a quienes utilizan de manera indebida el número de emergencias y obligan al desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos.
En momentos críticos como los que hoy vive el país, los especialistas necesitan concentrarse en lo que realmente es importante.
De hecho, hasta antes de que se decretara el estado de excepción por el covid-19, la central recibía 743 pedidos de atención cada dos horas. Hoy son 3 500. En las horas más críticas hasta 14 usuarios permanecen en espera. Las inquietudes por el nuevo virus y por las restricciones a la movilidad son las más usuales. Entonces, hay que parar a quienes abusan de este servicio.
En el 2017 ya se conocieron cifras negativas de lo que implica el empleo inadecuado del número 911. Ese año, el Estado perdió USD 26,4 millones en gastos operativos por la atención de alertas falsas. 546 comunicaciones fueron irreales. Eso implicó dejar de atender 245 700 necesidades reales. La justicia está obligada a iniciar procesos legales y castigarlos bajo el debido proceso, como ocurrió el 18 de septiembre del año pasado en Cuenca.
Ese día, una jueza ordenó 10 días de prisión a un hombre por hacer una llamada falsa a la Central del 911 Austro. El responsable había reportado un accidente de tránsito, pero cuando los operadores llegaron al sitio con todos los equipos para auxiliar se percataron que se trataba de una riña desatada entre el procesado y un vecino por una computadora. Esto se tiene que acabar.