3 de marzo de 2020 12:22

Al menos quince ONG supervisarán audiencia de juicio de Ola Bini

El informático sueco sospechoso de espionaje informático en Ecuador y amigo de Julian Assange, Ola Bini, reacciona en entrevista con Efe este martes, en Quito (Ecuador).

Ola Bini fue detenido el pasado 11 de abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón y pasó 70 días en prisión preventiva. Foto: EFE

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Agencia EFE

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Una quincena de ONG nacionales y extranjeras supervisarán el proceso judicial al informático sueco Ola Bini, cuya audiencia preparatoria de juicio se celebrará el jueves 5 de marzo del 2020 en Quito, casi once meses después de su arresto.

En un comunicado a los medios, las organizaciones firmantes anuncian que han decidido acudir a la sala de audiencias "en calidad de observadores" ante la "preocupación compartida" sobre "falta de garantías para asegurar a Bini un juicio justo en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia".

Entre las ONG firmantes se encuentran Derechos y justicia, Inredh, APC, Colombia Informa, Brasil de Fato, Accessnow, Wambra, Marcha y Asle.

Todas ellas advierten que "desde el inicio se ha evidenciado que este caso está atravesado por intereses políticos y por la constante interferencia indebida del gobierno nacional".

Y recuerdan las intervenciones públicas en este caso del presidente, Lenín Moreno, o la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a su juicio, "con el objeto de presionar a la función judicial".

La audiencia preparatoria del juicio al amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se celebrará este jueves a las 09:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Bini, de 37 años y defensor del software libre, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.

El informático aseguró que se dirigía a unas prácticas de artes marciales, si bien las autoridades consideraron que trataba de huir.

Las autoridades lo acusaron de haber violado servidores nacionales públicos y privados, y lo pusieron bajo arresto hasta que una corte consideró, a finales de junio, que Ecuador había violado sus derechos y lo dejó en libertad, pero sin poder salir del país.

En un primer momento, las autoridades ecuatorianas hablaron también de intentos de "desestabilizar el gobierno" a raíz del caso Assange, que había estado casi siete años en la embajada ecuatoriana y fue entregado a la policía británica.

Todo el proceso generó en su momento una ola de críticas de parte de organizaciones de derechos humanos, por lo que las ONG consideran que "observar esta audiencia es fundamental ya que este proceso constituye un caso paradigmático para Ecuador y la región".

A las advertencias de estas ONG, se ha sumado también Amnistía Internacional (AI), que desde Londres, pidió al Gobierno "garantizar un juicio justo y vigilar el respeto a las garantías del debido proceso en el caso".

“El Gobierno debe abstenerse de acusar públicamente al defensor digital Ola Bini y de intimidar a su defensa, para que el juicio que enfrenta pueda ser verdaderamente justo. Las organizaciones de la sociedad civil seguiremos de cerca el proceso”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Y pidieron a las autoridades "garantizar la independencia e imparcialidad del proceso y evitar cualquier injerencia indebida en el mismo", en particular, "el poder judicial debe verificar que cualquier prueba utilizada contra Bini haya sido obtenida con apego al derecho internacional".

En un comunicado difundido el lunes 2 de marzo del 2020 la defensa del informático dijo que, el jueves, pedirán "la nulidad del proceso y archivar la causa".

"El proceso acumula hasta hoy más de 100 violaciones al debido proceso entre las cuales destacan su detención ilegal, una reformulación de cargos 48 horas antes de finalizar la instrucción fiscal, el haber caído en indefensión, etc.", señala la notificación.

En agosto, después de reevaluar el caso, la Fiscalía ecuatoriana cambió el delito del que lo consideraba sospechoso de "ataque contra sistemas informáticos" a "acceso no autorizado a sistemas informáticos y telemáticos", ambos castigados con privación de libertad.  

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