En la escuela, Julián (nombre protegido) era insultado por otros niños. Se burlaban de su baja estatura y no jugaban con él, cuenta su padre, Santiago Beltrán. Un día le dijo a su mamá que prefería morirse. “Al escuchar eso decidí cambiarle inmediatamente de escuela. No quise denunciar nada, sino que mi hijo salga de ahí lo más pronto posible”.
Dos situaciones vuelven a poner al bullying como tema de conversación. Por un lado, con el retorno a clases presenciales, con el 100% de estudiantes. Y por otro, el caso del joven de 18 años de Texas, que habría sido víctima de acoso, y que disparó a niños.
Sybel Martínez, abogada defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, explica que, aunque el cyberacoso puede disminuir con el regreso a clases, se mantiene. Además, con los chicos en las aulas vuelve el hostigamiento académico. “Este maltrato del docente que no entiende todo lo que han pasado los chicos en la pandemia”.
Martínez también dirige el Grupo Rescate Escolar. Asegura que la última encuesta hecha entre el Ministerio de Educación y Unicef es del 2016. Esta evidenció que tres de cada cinco niños fueron víctimas de acoso escolar. Ese mismo año, Rescate Escolar hizo una encuesta en Quito. Los resultados: uno de cada dos niños sufría acoso escolar.
En la Guía práctica para el abordaje del acoso escolar del Ministerio de Educación consta que entre el 50% y 70% de estudiantes de la región han sido testigos de bullying o han sido acosados. Son estimaciones de Plan Internacional y Unicef. Esto ocurre en las escuelas públicas y privadas, pero las formas más sofisticadas de acoso, humillación y exclusión predominan en las segundas, dice el documento.
Esta forma de violencia es muy común con el retorno a clases, dice María Augusta Cueva. Su hija Amelia (nombre protegido) fue víctima de bullying en el transporte escolar. “Dos niños le decían que es enana, que esta gordita, que es una ladrona”. A sus 6 años, el mecanismo de defensa de la niña era mentir a sus pares que su mamá es policía y les iba a llevar presos.
¿Cómo se debe actuar?
Ecuador cuenta con el documento Protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Este dice que cuando hay violencia entre pares, quien conozca el caso tiene la obligación de denunciarlo. La autoridad educativa, dice el protocolo, es quien debe sustanciar el proceso disciplinario.
Para el docente fiscal Edwin Robles es necesario simplificar los procesos administrativos para viabilizar de manera eficiente la ayuda. “Hay demasiada documentación que registrar para activar los protocolos respectivos. Se debe actuar de manera inmediata si se presentan presuntas acciones de violencia”.
También vive la situación como padre. En las primeras semanas de retorno a clases presenciales su hijo sufrió bullying. Un estudiante le quitaba la colación de manera agresiva y sin ninguna explicación. “Mi hijo se calló por dos semanas. Cuando habló nos contactamos con el DECE. Lo solucionaron solo a nivel de los estudiantes y no se hizo el círculo de restauración”.
El docente explica que esto consiste en conversar con los involucrados en el conflicto para llegar a un acuerdo y resolverlos. Participan representantes legales y estudiantes. Se firma un acta de compromiso y se hace el seguimiento de los compromisos.
La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) incluye en su octavo capítulo todo lo referente a la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa y la prevención, atención, exigibilidad y reparación de la violencia en el contexto escolar.
El plazo máximo para denunciar cuando se conoce de un caso de violencia es de 48 horas. En la reforma se establece que la inmediatez será proporcionalmente aplicada a la gravedad del bien jurídico protegido, considerando principalmente casos de violencia sexual, acoso escolar o discriminación.
En la norma se reconocen como formas de violencia la física, psicoemocional, simbólica, sexual, social, de género. Y el acoso escolar también está tipificado.
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