Son unas 10 personas las que ofrecen servicios funerarios a los familiares de las personas asesinadas el pasado fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.
La vereda de la Policía Judicial es su oficina, ahí se mezclaban con los deudos, a los que desde el sábado ofrecían sus servicios. Tenían los ataúdes colocados en furgonetas, camionetas y hasta en el piso.
Pero el lunes 15 de noviembre, solamente hablaban entre ellos, era poca la interacción con la gente. La razón: comenzaron a recibir amenazas de presuntos miembros de la banda Los Choneros, los que les exigían una comisión por sus ventas.
“Hay personas en moto por la zona, porque alguien les ordenó matarlo a usted, a su esposa o a sus hijas. No lo tome a broma, nosotros le pedimos una contribución de USD 2 000 para que eso no pase”, se escucha en un mensaje de voz llegado al celular de uno de los empleados de las funerarias.
La voz recomendaba no avisar a la Policía, y recordaba ser parte de Los Choneros, de una línea afín a ‘JR’, uno de los cabecillas de la banda que actualmente se encuentra detenido en la Penitenciaría del Litoral.
Uno de los dueños de una funeraria, que siempre se ubica en las afueras de este edificio, a donde van a parar todas las personas que tuvieron una muerte violenta o fallecieron en accidentes de tránsito, señala que es común este tipo de amenazas.
Asegura que han presentado denuncias en la Fiscalía y que un compañero logró que se detenga a dos personas, a las que se las identificó mediante el rastreo de las llamadas.
Pero ahora, los extorsionadores se identifican como miembros de una de las bandas que operan en la Penitenciaría y elevaron la cifra de la contribución “pacífica para proteger a la familia”, que piden mediante mensaje.
Los empleados funerarios y dueños de funerarias que acuden al sector señalan que cumplen una labor social, ya que ofrecen servicios de bajo costo para las personas.
Aseguran que cobran USD 500 por el ataúd, la carroza, el velorio, pero si solamente quieren el cofre mortuorio, el precio es de USD 300.
Dicen entender la situación de los familiares de los detenidos asesinados, por lo que han bajado los precios para ganar algo por volumen.