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Familiares de presos pagan hasta USD 251 al mes

La violencia en las cárceles preocupan a los familiares de las personas privadas de libertad en Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El padre de Mayra sufrió un paro cardíaco debido a la ansiedad que le generaban las llamadas telefónicas desde la cárcel para extorsionarlo. Su hija fue detenida por narcotráfico y la sentenciaron a 14 años de reclusión. Desde el inicio le exigían fuertes sumas de dinero a cambio de seguridad.

Al principio, el hombre aceptaba lo que pedían. Cuando tuvo el quebranto de su salud, sus hermanas y él se alejaron de Mayra. “Nunca volvieron a buscarme, tampoco me ayudaron”.

Tuvo que salir adelante sola, pues le bloquearon en sus teléfonos móviles, relató la mujer que salió en libertad en diciembre de 2020.

Cada vez que al celular llamaban de un número desconocido, sus familiares temblaban de desesperación. Les dio crisis nerviosas por estrés. Su madre padece diabetes y sufrió varias recaídas por la extorsión de la que era víctima, recordó.

Historias como la de Mayra y sus familiares son frecuentes en los centros penitenciarios del país, explica la investigadora Sofía Carpio, de Kaleidoscopio. Está organización publicó el informe: ‘Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador’, este mes.

En el documento, de 100 páginas, se indica que los parientes de un interno deben gastar entre USD 124 y 251 al mes para útiles de aseo, comida, higiene, protección y comunicación. Lo mismo ocurre con los escasos servicios médicos.

“Mi hijo dice que le salieron tres tumoraciones por el lado de la costilla, por dentro. Él dice que se toca y le afectan. Cuando le duele, yo tengo que pagar inmediatamente, pagar… escúcheme bien, pagar para que a él me lo saquen a inyectarlo. Pagar USD 30 a los guías, a los guías. Si no, ¡No, mami! ¡No lo sacan! ¡Olvídese!”, cuenta la madre de un interno.

La salud de familiares de las personas privadas de la libertad se deteriora. Han desarrollado pérdida del cabello, hipertensión, gastritis, depresión, entre otras enfermedades.

Cada vez que vibra el celular -narra el pariente de otro preso- el cuerpo entra en estado de alarma. Además, la preocupación creció en los últimos meses con los amotinamientos y masacres. “Siempre hay temor de un traslado, de una requisa, de otra explosión de violencia. Siempre hay miedo y punto. No se puede vivir en angustia permanente. Hay que encomendarse a algo”.

Para Vianca Gavilánez, integrante de la Fundación Dignidad, que trabaja en centros de rehabilitación social, la situación de las familias de los presos es compleja por los esfuerzos económicos que deben hacer para mantenerlos.

A esto se suma que existe una economía ilegal que es manejada por grupos de poder y que tienen recursos para monopolizar las cabinas telefónicas, tiendas, protección, etc.

Por eso hay problemas de violencia y esclavización, por lo que algunas mujeres transexuales son obligadas a la prostitución forzada. Hay presos de escasos recursos que no pueden cancelar lo que les exigen las mafias y pagan con trabajo para no acumular deudas.

Lavan y planchan la ropa de quienes les extorsionan, limpian las celdas, venden mercadería, etc. Generalmente, los familiares mantienen a los presos, tienen que darles una especie de pensión para que puedan llevar una “vida normal”.

También hay casos de mujeres que son abandonadas por sus familias y luchan para subsistir. En el ‘Diagnóstico…’ se cita el caso de una interna que a la fuerza tuvo que aprender a vivir en ambientes de violencia. “Yo siempre he sido sola, huérfana, no tengo a nadie (…) No tenía depósitos, visitas, cero visitas, cero depósitos de nada y adentro es feo, porque si uno no se puede parar con las personas que le quieren extorsionar ahí les pegan, les apuñalan, les hacen de todo, les violan…”.

Ella narra que antes de ser detenida era callada, pero “me tocó sacar otra cara y, como quien dice, transformarse yo misma para poder sobrevivir, porque si yo no hacía ese cambio de carácter yo hubiera salido capaz hasta muerta de ahí”.

En su última comparecencia en la Asamblea, César Córdova, defensor del Pueblo (e), coin­cidió con que otro inconveniente es la extorsión para brindar “seguridad” y consumo de drogas. Otros problemas son la mala calidad de la alimentación: no hay vajilla unificada ni dieta adecuada. Existen centros sin agua potable permanente.

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