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Administración de la Penitenciaría se dividirá para retomar el control

El 23 de octubre del 2021 siete reclusos del pabellón 10 de la Penitenciaría fueron hallados colgados en las celdas de visitas íntimas. Foto: archivo / EL COMERCIO

Cumplían penas por robo y por tenencia de drogas. Algunos estaban a punto de recobrar su libertad.

Esos son los datos que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha recabado dentro de las investigaciones por las muertes más recientes en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Siete reclusos del pabellón 10 fueron hallados colgados en las celdas de visitas íntimas la mañana del sábado 23 de octubre. El 14 de octubre otros cuatro cuerpos con huellas de ahorcamiento fueron encontrados en el pabellón 8, uno de los más peligrosos.

Estos hechos violentos se registran en medio del estado de excepción en el sistema carcelario del país. El Gobierno tomó la decisión poco después de la sangrienta riña de fines de septiembre en la Penitenciaría, que dejó 121 fallecidos y 79 heridos; 26 siguen hospitalizados.

El fin de semana del 23 de octubre, autoridades de los centros carcelarios del país se reunieron en Guayaquil para definir estrategias. Bolívar Garzón, director del SNAI, explica que las medidas más urgentes se aplicarán en la Penitenciaría, la cárcel más grande del país.

Uno de los planes es dividirla en dos centros para optimizar su administración. Esto implicará obras de infraestructura para separar los 12 pabellones. “Vamos a construir muros para hacer una división real y para evitar que se vean, porque hasta porque se ven empieza la violencia”, dice Garzón.

Esta segmentación demandará la contratación de más personal administrativo. En la Penitenciaría laboran 94 personas, que están a cargo de cerca de 8 000 privados de libertad.

Otra de las estrategias es reducir el hacinamiento. Garzón asegura que ha bajado en casi un 3% en los últimos 20 días y en las próximas semanas planifican traslados a otros centros carcelarios para facilitar la descongestión.

También aceleran el trámite de beneficios penitenciarios. Quienes cumplen el 60% de su pena en las cárceles pueden empezar los trámites para acceder a un régimen semiabierto. Durante este fin de semana las autoridades del SNAI identificaron 600 casos en la Penitenciaría para gestionar las solicitudes con la función judicial.

Los pabellones más conflictivos de la Penitenciaría del Litoral son el 8, 9 y el 5. Garzón prefiere no hablar de bandas dominantes. Dice que son grupos delictivos, sin figuras claras de liderazgo y en los que las continuas divisiones generan sangrientos enfrentamientos.

“La violencia está dentro de ellos. No son amotinamientos, porque no están yéndose contra la autoridad ni reclamando derechos, es entre ellos. Son riñas a alta escala”.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) presentó en esta semana un reporte tras las visitas de verificación por la masacre de fines de septiembre.

Entre sus conclusiones se detalla que desde el 2019 existe una secuencia de hechos violentos que evidencian la ausencia de control del Gobierno en el sistema carcelario. Además, califica el estado de excepción como una “medida insuficiente y no idónea” debido a que la problemática reaparece cada cierto tiempo, “con igual o mayor gravedad”.

El informe también incluye testimonios anónimos de familiares y guías penitenciarios que revelan la falta de control al interior. “El control lo tienen las mafias y los grupos de bandas. Las personas privadas de la libertad pueden moverse de un pabellón a otro si así lo quieren”, relató un guía.

Entre las recomendaciones del CDH está el pedido de apoyo técnico al Sistema Universal de Derechos Humanos para aplicar una política adecuada de rehabilitación social. Y acelerar el cumplimiento de los beneficios carcelarios, como indultos, libertad condicional y arresto domiciliario, para contrarrestar el hacinamiento.

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