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La esposa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, María Rosa Pulley Vergara, presentó una acción de hábeas corpus para intentar frenar la orden de aprehensión y traslado dictada contra el exmandatario. Pulley ingresó el recurso el 4 de septiembre de 2026 ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La defensa argumenta que Bucaram, de 74 años, enfrenta una delicada condición cardiovascular y permanece hospitalizado en la Clínica Borja de Guayaquil. Según la acción constitucional, ejecutar un traslado o una privación de libertad en sus actuales condiciones médicas podría representar un riesgo para su vida e integridad.
El hábeas corpus busca suspender la orden de localización y aprehensión emitida contra Bucaram en el proceso por presunta delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas Covid-19.
El 3 de septiembre de 2026 se realizó el sexto intento para la lectura de la sentencia dentro de este proceso penal, que involucra al expresidente y a integrantes de su núcleo familiar. Ante la inasistencia de Bucaram, el Tribunal dispuso su localización y aprehensión inmediata una vez que reciba el alta médica, con el objetivo de garantizar su presencia en la diligencia.
La demanda también cuestiona las actuaciones del Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito, en Quito. Según el recurso, esa instancia ha mantenido las convocatorias a audiencias dentro del proceso penal.
La defensa también objeta que la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en los centros hospitalarios donde permanece Bucaram. De acuerdo con el parte oficial del Bloque de Búsqueda, el expresidente continúa internado y bajo resguardo policial en la Clínica Borja de Guayaquil.
Tras el sorteo legal, la causa quedó en manos de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los jueces Gustavo Emiliano Almeida Bermeo, Manuel Ulises Torres Soto y Nancy Ivett Vela Mera integran esa Sala.
En la acción constitucional, Pulley denuncia una presunta “emisión arbitraria” de la decisión judicial. Además, sostiene que las medidas vulneran directamente los derechos constitucionales de Bucaram a la salud, la vida y la integridad personal, física y psicológica.
La documentación presentada con la demanda señala que Bucaram es una persona adulta mayor y que desde hace años enfrenta una patología cardíaca severa.
Según los antecedentes médicos incorporados al recurso, el 20 de agosto las evaluaciones detectaron el próximo agotamiento de la batería de su dispositivo cardíaco y episodios de alteración del ritmo.
Posteriormente, el exmandatario sufrió un desmayo y dolor en el pecho. Ingresó a Interhospital y el 25 de agosto fue sometido a una cirugía para reemplazar el generador de su dispositivo intracardíaco o cardíaco.
Después de la intervención, su médico tratante le prescribió 30 días de reposo absoluto. El período de recuperación se extiende hasta el 24 de septiembre de 2026.
La defensa sostiene que el estado de salud de Bucaram se agravó progresivamente durante las últimas semanas. También señala que sufrió nuevas recaídas y cuadros de dolor precordial, que provocaron posteriores internamientos en la Unidad de Cuidados Coronarios del Omni Hospital y, más recientemente, en la Clínica Borja.
Pulley alertó además sobre supuestas presiones hacia los centros médicos que atienden al expresidente. Según el recurso, estas situaciones podrían provocar un alta médica prematura e incompatible con su cuadro clínico.
La acción de hábeas corpus pide que, antes de ejecutar cualquier traslado, aprehensión o medida que implique una privación de libertad, un examen técnico especializado determine si Bucaram está clínicamente apto.
También solicita que las autoridades respeten el tratamiento, la medicación, las restricciones de movilidad, el seguimiento cardiológico y el período de recuperación prescrito. El recurso plantea garantizar el acceso continuo a medicamentos, controles especializados e intervenciones necesarias para preservar su vida.
Además, la defensa pide que el expresidente pueda recuperarse en un entorno tranquilo y que cualquier traslado dependa de su condición clínica, en caso de que se mantenga la orden judicial.
Pulley también solicita que las autoridades policiales y judiciales se abstengan de ejercer presiones o interferencias sobre el personal médico tratante.
Según la demanda, someter a Bucaram a un traslado o a una detención en su condición actual podría generar un riesgo inminente e irreversible para su vida. La defensa sostiene que estas medidas afectarían sus derechos fundamentales, considerando su condición de adulto mayor y paciente con enfermedades catastróficas.
Ahora, la Corte Provincial de Justicia del Guayas deberá analizar la acción constitucional presentada por Pulley y determinar si existen elementos que justifiquen las medidas solicitadas por la defensa del expresidente.
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