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Abdalá Bucaram enfrenta una nueva disposición judicial mientras espera conocer la decisión del Tribunal en el caso Pruebas Covid-19. La ausencia del expresidente impidió por sexta ocasión que los jueces comuniquen la sentencia oral este jueves 3 de septiembre de 2026. El proceso se remonta a la emergencia sanitaria de 2020 y ahora entra en una etapa marcada por la orden para garantizar su comparecencia.
Fiscalía acusa al expresidente por el supuesto delito de delincuencia organizada. La tesis del organismo sitúa los hechos investigados entre marzo y junio de 2020, durante los primeros meses de la pandemia.
Según el dictamen acusatorio, una supuesta estructura delictiva intervino en la negociación de 21 000 pruebas rápidas para detectar Covid-19 y obtuvo beneficios económicos a partir de esas operaciones.
La acusación también sostiene que las actividades para intentar dar legitimidad a esas acciones continuaron hasta octubre de 2020. La investigación ubica las supuestas operaciones ilícitas en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.
La tesis fiscal también apunta al uso de bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Según la acusación, agentes de esa institución brindaron seguridad a los ciudadanos israelíes Oren S. y Shy D. durante el traslado de las pruebas rápidas hacia Guayaquil.
Shy D. murió el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. Oren S., en cambio, llegó a juicio dentro de esta causa.
Fiscalía sostiene que las supuestas actividades ilícitas afectaron al régimen económico de desarrollo y a la fe pública.
El expresidente enfrenta el proceso junto con su hijo Jacobo Bucaram, el ciudadano israelí Oren S. y el exagente de la AMT Leandro B. Los cuatro llegaron a juicio por el supuesto delito de delincuencia organizada.
El caso comenzó formalmente en agosto de 2020. Después de varios diferimientos desde 2022, el juicio arrancó el 11 de abril de 2025.
Unas 50 personas, entre testigos y peritos, declararon durante el juicio. Fiscalía pidió condenas contra los procesados. El supuesto delito de delincuencia organizada contempla una pena de hasta 10 años de prisión, que puede aumentar con agravantes.
El intento más reciente para comunicar la resolución ocurrió el 3 de septiembre. Tres de los cuatro procesados se conectaron a la audiencia, pero Bucaram no compareció.
Su defensa argumentó que continúa hospitalizado por un problema cardíaco. La familia del expresidente sostiene que Bucaram, de 74 años, pasó por una intervención el 26 de agosto y luego ingresó a otra casa de salud para continuar su recuperación.
El Tribunal envió al Bloque de Búsqueda de la Policía a la clínica donde estaría internado para comprobar su presencia y determinar si podía participar en la diligencia. Los agentes no consiguieron establecer contacto directo con él.
La fiscal Lidia Sarabia calificó las sucesivas suspensiones como una situación “inadmisible, inaudita y sin precedentes”. También pidió investigar las circunstancias detrás de las recurrentes dilaciones.
Ante este escenario, el Tribunal dispuso vigilancia permanente en la clínica y ordenó que los agentes aprehendan a Bucaram cuando reciba el alta médica. El objetivo es que comparezca ante los jueces para escuchar la sentencia oral.
La ausencia de Bucaram no constituye la única causa que impidió comunicar la decisión judicial. Convocatorias anteriores también terminaron sin la lectura de la resolución por otros inconvenientes.
Entre ellos constan la ausencia de una perito y un defensor, un corte de energía eléctrica y el internamiento del expresidente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El lunes 31 de agosto, durante el quinto intento, el Tribunal solicitó a la Policía localizar a Bucaram en una clínica de Guayaquil. Un oficial informó que el personal del establecimiento no facilitó la verificación de su paradero.
La resolución oral del caso Pruebas Covid-19 continúa pendiente. La disposición del Tribunal obliga ahora al Bloque de Búsqueda a vigilar la casa de salud hasta que Bucaram reciba el alta médica.
Fiscalía acusa al expresidente Abdalá Bucaram por el supuesto delito de delincuencia organizada.
Contexto: La tesis fiscal sitúa los hechos investigados entre marzo y junio de 2020, durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.
Fiscalía sostiene que una supuesta estructura delictiva intervino en la negociación de 21 000 pruebas rápidas para detectar Covid-19 y obtuvo beneficios económicos.
Contexto: Según la acusación, las actividades para intentar dar legitimidad a esas acciones continuaron hasta octubre de 2020.
La investigación ubica las supuestas operaciones en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.
Contexto: Fiscalía sostiene que estas actividades afectaron al régimen económico de desarrollo y a la fe pública.
La tesis fiscal señala que agentes de la AMT brindaron seguridad a los ciudadanos israelíes Oren S. y Shy D. durante el traslado de las pruebas rápidas hacia Guayaquil.
Contexto: Fiscalía incluyó dentro de su acusación el supuesto uso de bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
El proceso incluye a Jacobo Bucaram, Oren S. y el exagente de la AMT Leandro B., además del expresidente.
Contexto: Los cuatro llegaron a juicio por el supuesto delito de delincuencia organizada. El juicio comenzó el 11 de abril de 2025.
El supuesto delito de delincuencia organizada contempla una pena de hasta 10 años de prisión, que puede aumentar con agravantes.
Contexto: Fiscalía pidió condenas contra los procesados después de que unas 50 personas, entre testigos y peritos, declararan durante el juicio.
El Tribunal ordenó aprehenderlo cuando reciba el alta médica para garantizar que comparezca a escuchar la sentencia oral.
Contexto: El 3 de septiembre de 2026, Bucaram no acudió al sexto intento de comunicar la resolución. Su defensa argumentó que continúa hospitalizado por un problema cardíaco.
No. La resolución oral del caso Pruebas Covid-19 continúa pendiente.
Contexto: La disposición busca garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Los agentes deberán aprehenderlo cuando reciba el alta médica.
Las diligencias enfrentaron distintos inconvenientes, entre ellos ausencias, un corte de energía eléctrica y problemas relacionados con la hospitalización de Bucaram.
Contexto: En el intento del 3 de septiembre, tres procesados se conectaron a la audiencia, pero Bucaram no compareció. El Tribunal dispuso vigilancia permanente en la clínica donde estaría internado.
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