
La reinstalación de la audiencia de juicio programada para la tarde de este viernes 7 de agosto de 2026, en la que se preveía dar a conocer la resolución oral de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y tres personas más, fue declarada fallida.
La suspensión del proceso se debió a la inasistencia de sujetos clave para la diligencia, lo que dilata nuevamente la resolución final sobre el denominado caso Pruebas COVID-19 en Ecuador.
Prevista para reinstalarse a las 16:30, la sesión judicial no pudo concretarse ante la ausencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez, encargada de asistir al procesado de nacionalidad israelí Sheinman Oren.
Pese a que se intentó contactar a la perito en más de 10 ocasiones a su teléfono celular, no se obtuvo ninguna respuesta. A este hecho se sumó la inasistencia del abogado Diego Córdova Raza, defensor del exagente de la AMT Leandro Berrones, debido a una emergencia médica reportada por su asistente durante la jornada.
El expediente penal acumula seis años de trámite e incluye un total de 12 aplazamientos generados por múltiples circunstancias, entre las que constan quebrantos de salud de jueces y procesados, cambios de defensores y cruces con otras diligencias.
Esta nueva suspensión representa el tercer intento consecutivo fallido por reinstalar el tribunal, pues apenas el pasado 4 de agosto la cita judicial también se frustró debido a un certificado médico presentado por el juez ponente de la causa.
Frente a la constante dilación dentro del caso Pruebas COVID-19 en Ecuador, el presidente del Tribunal advirtió que solicitará la comparecencia de todos los sujetos procesales utilizando la fuerza pública.
Paralelamente, el organismo juzgador impuso a la traductora y al abogado ausentes una multa equivalente a dos Salarios Básicos Unificados (SBU), 964,00 dólares, anunciando que las nuevas fechas y horas para el desarrollo de la diligencia serán informadas de manera oportuna.
El proceso judicial examina la presunta responsabilidad penal de Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Leandro Berrones en el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía sostiene que los cuatro procesados habrían conformado una estructura dedicada a la presunta comercialización irregular de pruebas rápidas para detectar COVID-19, mascarillas y diversos insumos médicos en medio de la emergencia sanitaria decretada en el país durante el año 2020.
❓ ¿Por qué se suspendió la sentencia contra Abdalá Bucaram en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador este viernes 7 de agosto?
Por la ausencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez y la inasistencia del abogado defensor Diego Córdova Raza. La perito asistía al procesado Sheinman Oren y no respondió a más de 10 llamadas, mientras que la asistencia del jurista justificó su falta debido a una emergencia médica.
❓ ¿Cuántas veces se ha aplazado la audiencia del caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?
Acumula 12 aplazamientos a lo largo del proceso penal.
Las suspensiones durante los seis años que lleva la causa han sido provocadas por cruces de diligencias, cambios de abogados y problemas de salud en procesados y magistrados, incluyendo tres intentos fallidos consecutivos.
❓ ¿Qué medida adoptará el Tribunal para evitar nuevas dilaciones en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?
Pedir la comparecencia de todos los sujetos procesales con apoyo de la fuerza pública.
El presidente del Tribunal anunció esta medida coercitiva tras la inasistencia de las partes, sumada a la imposición de una multa de dos Salarios Básicos Unificados (SBU) a los no comparecientes.
❓ ¿Quiénes son los cuatro procesados en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?
Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Leandro Berrones.
Entre los imputados se encuentran el expresidente de la República, su hijo, un ciudadano de nacionalidad israelí y un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
❓ ¿De qué delito se acusa a los implicados en el caso Pruebas COVID-19 en Ecuador?
Del presunto delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado investiga la supuesta existencia de una estructura destinada a la comercialización irregular de pruebas rápidas, mascarillas y materiales médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.