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La audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras tres personas por el caso Pruebas Covid 19 no se reistaló por quinta ocasión este lunes 31 de agosto a las 19:30. Las defensa solicitó un nuevo diferimiento.
En el caso Pruebas Covid 19 contra Abdalá Bucaram y otros, por quinta ocasión, no se reinstaló la audiencia de juicio la noche de este lunes.
Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República, procesado por delincuencia organizada junto a tres personas más, solicitó un nuevo diferimiento.
Según la defensa del exmandatario, Abdalá Bucaram sigue hospitalizado por un problema cardíaco.
Nuevamente, el Tribunal dispuso al bloque de búsqueda de la Policía localizar al procesado en una clínica de Guayaquil.
Sin embargo, el oficial informó que el personal de esa casa de salud no brindó las facilidades para conocer su paradero.
Hace 24 días, la ausencia de una perito y un defensor impidió dar lectura a la resolución judicial sobre el caso Pruebas Covid 19.
Hace seis días, la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram se suspendió por un corte de energía eléctrica.
Finalmente, hace cinco días, el Tribunal declaró fallida la audiencias tras confirmar el internamiento de Abdalá Bucaram en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La audiencia se volvió a convocar para el jueves 3 de septiembre, a las 17:00, con el fin de que el Tribunal anuncie su resolución respecto a la presunta responsabilidad de los acusados en esta causa.
Fiscalía investiga el supuesto delito de delincuencia organizada para la negociación de 21 000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
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