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La defensa de Abdalá Bucaram, procesado en el caso Pruebas Covid 19 por supuesta delincuencia organizada, pidió diferir la audiencia de juicio, en la que solo resta darle a conocer su sentencia de forma oral, por más de 21 días, para después del 24 de septiembre. El expresidente tiene orden de aprehensión desde la noche del jueves 3 de septiembre de 2026.
Tras seis diferimientos para la reinstalación de la audiencia contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otros, en el caso Pruebas Covid 19 por supuesta delincuencia organizada; su defensa pidió un diferimiento de más de 21 días, tomando en cuenta la última convocatoria que fue este jueves 3 de septiembre, a las 17:00.
La defensa de Abdalá Bucaram Ortiz solicitó al Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito que difiera la reinstalación de la audiencia de juzgamiento que estaba prevista para el 3 de septiembre de 2026, dentro del proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.
El pedido fue presentado por el abogado Anthony Fernando González Rivadeneira, quien compareció formalmente para asumir la representación legal de Abdalá Bucaram Ortiz y de Jacobo Abdalá Bucaram Pulley.
La defensa cuestionó el plazo establecido por el Tribunal en una providencia del 1 de septiembre de 2026, mediante la cual se convocó a la reinstalación de la audiencia para el jueves 3 de septiembre, a las 17:00.
El principal argumento planteado en el escrito está relacionado con el estado de salud de Abdalá Bucaram.
Según los documentos médicos incorporados al caso, Bucaram ingresó por emergencia a una casa de salud el 25 de agosto de 2026, después de presentar un episodio de síncope. La evaluación médica estableció un deterioro en el funcionamiento del dispositivo cardíaco que tenía implantado.
Ese mismo día se realizó una intervención quirúrgica para reemplazar el dispositivo cardíaco.
Posteriormente, un informe médico emitido el 26 de agosto registró complicaciones relacionadas con su función renal y niveles elevados de glucosa, por lo que fue necesaria la intervención de especialistas en nefrología y endocrinología.
La defensa sostiene que estos antecedentes deben ser considerados antes de disponer la comparecencia del procesado a una audiencia de juzgamiento.
Uno de los documentos médicos establece un reposo absoluto de 30 días, comprendido entre el 26 de agosto y el 24 de septiembre de 2026.
Por esta razón, el abogado solicitó que la audiencia presencial sea reprogramada para una fecha posterior al 24 de septiembre.
La defensa plantea que la audiencia podría adelantarse únicamente si los médicos tratantes emiten previamente un alta que determine que Bucaram se encuentra en condiciones físicas y mentales para participar en la diligencia.
Otro de los puntos señalados en el escrito se relaciona con la disposición judicial que contempla la intervención de la Fuerza Pública para garantizar la comparecencia del procesado.
La defensa expresó su preocupación por el ingreso de agentes policiales al establecimiento médico donde se encuentra Bucaram y pidió que cualquier actuación se realice tomando en cuenta las indicaciones de los médicos tratantes.
El escrito sostiene que el reposo prescrito debe ser considerado al momento de definir la forma y fecha de participación del procesado en el juicio.
En caso de que el Tribunal no acepte el pedido de diferimiento, la defensa planteó una solicitud subsidiaria: que Abdalá Bucaram participe en la audiencia de manera telemática desde su habitación hospitalaria.
Esta alternativa, sin embargo, también estaría condicionada a una autorización de los médicos que lo atienden.
La defensa solicita que el especialista determine previamente que la participación en la audiencia virtual no representa un riesgo para su estado cardiovascular ni implica una afectación al proceso de recuperación.
El abogado de Abdalá Bucaram también solicitó al Tribunal que convoque al cardiólogo-electrofisiólogo Xavier Vallejo Deeb, médico tratante de Bucaram, para que explique directamente ante los jueces su condición de salud.
La intención es que el especialista informe sobre la evolución clínica del procesado, el tratamiento recibido y los riesgos que implicaría su participación en una audiencia de juzgamiento durante el periodo de recuperación.
La defensa también pidió que se incorpore al proceso el informe médico suscrito por el cardiólogo Gustavo Molina Sosa.
Para sustentar el pedido, el abogado invocó los derechos a la vida, integridad física y salud contemplados en la Constitución del Ecuador, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También citó las Reglas Nelson Mandela, específicamente la Regla 24, respecto de la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.
La defensa sostiene que las actuaciones judiciales deben compatibilizarse con las condiciones médicas certificadas del procesado.
El pedido principal, por tanto, es que la audiencia de juzgamiento sea diferida hasta después del 24 de septiembre de 2026, fecha en la que concluiría el periodo de reposo absoluto establecido por el médico tratante. Como alternativa, solicita una participación telemática, siempre que exista autorización médica previa.
Abdalá Bucaram tiene orden de aprehensión por parte del Tribunal del caso Pruebas Covid 19, desde la noche del 3 de septiembre de 2026.
El Bloque de Búsqueda de la Policía deberá custodiar la casa de salud en la que se encuentra y esperar su salida cuando le den de alta, dispusieron los jueces.
Fiscalía investiga el supuesto delito de delincuencia organizada para la negociación de 21 000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
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