Erick Ortíz murió con boleta de excarcelación en la mano
Erick es uno de los 34 cuerpos que el Gobierno dice que ya fueron identificados. Foto: EL COMERCIO
Cerca de un año pasó Erick Ortíz Segura detenido en la Penitenciaría del Litoral, sitio al que ingresó luego de que la Policía lo encontró con una bolsa de droga en su poder.
Hace una semana comenzó a tramitarse su liberación, pues cumplió su sentencia. Cinco días atrás se firmó su boleta de excarcelación, la que llegó el viernes a la Penitenciaría, justo el día de su asesinato.
Una semana antes, Erick había pedido a su familia que inicie los trámites para liberarlo, pero son gente trabajadora que no puede poner un alto a su jornada completa de lunes a viernes.
Una tía pidió permiso un día para hacer el papeleo, pero no logró completarlo, ya que el señor que da las papeletas, “el tarjetero” no había ido. Un abogado apareció y les dijo que, si le daban USD 60, lo sacaba ese mismo rato.
“Pero como no hubo, se quedó”, relata su tío, que no quiere ser identificado por miedo a perder el trabajo.
La familia pensaba que el viernes a la noche lo iban a soltar, como estaban haciendo hace días, pero ya hubo esa balacera y murió.
Se refiere a la matanza de 68 personas que se registró en la Penitenciaría del Litoral en los enfrentamientos que empezaron el viernes 12 y se extendieron hasta el sábado 13 y que dejó además 25 heridos.
Erick es uno de los 34 cuerpos que el Gobierno dice que ya fueron identificados.
Sus familiares esperaban que se cumplieran los trámites para poder retirarlos, velarlos y enterrarlos. Pero los tienen de “un lado al otro”, reniegan.
Según el Gobierno, el trámite para la entrega de un cuerpo reconocido consiste en realizar la autopsia, que deberá ser avalada por la Fiscalía, solicitar al Registro Civil la autorización de los datos y verificar si están cedulados, otorgar el acta de defunción y de ahí se puede entregar el cuerpo.
José Castillo, familiar que vino desde Esmeraldas para reconocer a otro de los asesinados, señala que en algo les ayudan los funcionarios del Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, que pusieron a disposición de ellos.
Relata que cuando un familiar recibe la confirmación de la muerte de su ser querido, lo acogen, le dan charlas, los calman y les explican el proceso. Una vez que logran tranquilizarlas, los acompañan a recuperar el cuerpo.
“Que nos van a dar las cajas dicen, ya con eso ayudan un poco”, señala resignado mientras espera que el trámite avance para llevarse el cuerpo de su sobrino Edison Castillo a Esmeraldas.
Estaba preso desde hace seis meses por participar en una riña, en la que hubo una persona herida. Fue denunciado en la Fiscalía y lo detuvieron.
Castillo trabajó hace años como guía penitenciario en la cárcel de Esmeraldas y buscaba ser transferido desde la Penitenciaría del Litoral hasta el que fue su lugar de trabajo donde se hubiera sentido seguro ya que tenía amigos y conocidos.
Los papeles estaban avanzados, pero se demoraba por tener que hacerlos en dos ciudades diferentes. “Tanto trámite y burocracia no pudimos”, dicen sus tíos resignados, mientras intentan almorzar en la vereda, bajo un sol calcinante.
Ellos vinieron de Esmeraldas en una camioneta, en la que se llevaran a Castillo cuando les devuelvan el cuerpo.
“Imagínese que todo esto nos coge de sorpresa”, comentó.
En medio del dolor de la pérdida, se consuelan en algo al tener la certeza de que su ser querido será velado y sepultado.
En las afueras de la Policía Judicial, decenas de ataúdes están ubicados en el piso, en camionetas y hasta en una furgoneta. Son de algunas funerarias que buscan conseguir clientes.
Los empleados, que caminan en medio de los familiares, ofrecen servicios que incluían, en algunos casos, la asesoría para acelerar la entrega de los cuerpos, además del servicio de ataúd, nicho y la organización de un velorio.
Cerca de la entrada, un puñado de personas busca saber el paradero de sus familiares detenidos.
“No nos dicen nada, que esperemos”, dice María Quiñónez, que espera noticias de su sobrino, del que no sabe nada desde la noche del viernes 12 de noviembre.
Ella está resignada, pues el sábado también pasó todo el día.
Una experiencia similar la vivió a finales de septiembre, cuando otra masacre en la Penitenciaría dejó un saldo de 119 personas asesinadas.
En esa oportunidad acompañó a su comadre a recuperar el cuerpo de su ahijado.
Junto a María hay otras personas que buscan una prueba de vida de sus familiares, sin tener respuesta ni en la Penitenciaría ni en la Policía Judicial, son familiares de personas detenidas en la zona conocida como transitoria, donde, según las autoridades, se registró la mayor cantidad de asesinatos.
El Gobierno sostiene que ya no hubo enfrentamientos en las cárceles del país desde la noche del sábado y que 900 policías mantienen el orden en la Penitenciaría del Litoral.
Pero nada de eso importa mucho en este punto, ubicado a 20 kilómetros del centro de detención, donde los familiares claman respuestas sobre la muerte de sus familiares.
“Uno como padre, cuando tiene un hijo así, uno le dice: prefiero que estés preso para que te recuperes y vengas y obres bien en la sociedad. Pero la desgracia pasa. Y que allá, lo maten en lugar de rehabilitarlo, es el colmo. No es primera vez, van tres masacres y los gobiernos no hacen caso. Ya no hay esperanza de nada, que maten así a nuestros hijos, ya no hay esperanza de nada”, señala el tío de Erick Ortíz.