Matanzas en cárceles tendrán implicaciones internacionales
Para retirar cadáveres o pedir información, familiares de privados de libertad asesinados en la Penitenciaría, acuden a Laboratorio de Criminalística. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
En lo que va del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en dos ocasiones por los hechos de violencia ocurridos en las cárceles del país.
En septiembre de 2021, después de los últimos asesinatos en una de las cárceles de Guayaquil, la CIDH condenó los hechos de violencia e instó al Estado ecuatoriano a investigar e implementar acciones. Lo hizo también en febrero de este año, por otra de las masacres carcelarias del 2021.
Sin embargo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en varios informes y sentencias a lo largo de los años han especificado las responsabilidades de los Estados frente a las personas encarceladas.
“Siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los reclusos, este tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes de cualquier fuente”, dice el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas de 2011 de la CIDH.
Esta debe ser una protección efectiva de los derechos humanos en las relaciones inter‐ individuales. En el informe se plantea, además, que “pueda generarse la responsabilidad internacional del Estado por omisiones en su deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros”.
Entre las medidas que la Comisión, en el caso de Ecuador, recomendó tomar estaban: desarmar a las personas detenidas; imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros artículos prohibidos; investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.
En esa línea, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en septiembre, después de la masacre con más asesinados que registra el país, declaró el estado de emergencia por 60 días. Este estado de excepción recibió una limitación por parte de la Corte Constitucional.
Ante el nuevo hecho de violencia en la Penitencia del Litoral, este 13 de noviembre, el presidente Lasso y la Corte intercambiaron acusaciones de responsabilidad en redes sociales.
El tribunal, en un comunicado, manifestó que la solución a la crisis penitenciaria requerirá algo más que medidas de emergencia temporales.
Y en esto coincide el abogado de derechos humanos, Alejandro Ponce, quien considera que “las matanzas en las cárceles no van a cesar, si no se toman medidas serias y responsables”.
Si el Ecuador asume con responsabilidad el problema, afirma Ponce, lo primero que debería hacer es acudir a organismos de derechos humanos como la CIDH y entrar en un convenio de cooperación para encontrar soluciones. Esto “implica asumir que el Estado y el Gobierno es incapaz, por sí solo, de encontrar soluciones”, manifiesta Ponce.
Y considera que no se ha acudido a estas instancias por la connotación política que equivaldría reconocer frente a la comunidad internacional que existe una incapacidad.
Según el Informe de la CIDH de 2011, cuando el Estado no ejerce el control efectivo de los centros penales hay riesgo de que se formen sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido”. Esto como “producto de la corrupción endémica en muchos sistemas; los altos índices de violencia carcelaria; y la organización y dirección de hechos delictivos desde las cárceles”.
Para Katalina Barreiro, docente y analista internacional, los instrumentos legales que puedan tomar las organizaciones no gubernamentales en el tema de derechos humanos, como la CIDH vendrían si los familiares de las víctimas interponen demandas contra el Estado ecuatoriano, dado que la Corte Interamericana no actúa de oficio.
La Corte Interamericana ha otorgado en varios momentos medidas provisionales con respecto a personas privadas de libertad en países como Argentina (en 2006) y Venezuela (en 2010). Estas medidas han estado fundamentadas principalmente en hechos graves de violencia carcelaria, y en falta de control efectivo de los centros penales por parte de las autoridades.
Las matanzas en cárceles del país ya implican a dos regímenes diferentes en este 2021. Las cifras de asesinatos en el interior de las cárceles no han disminuido.
Según Barreiro, el objetivo es que el Estado pueda controlar y desarticular al narcotráfico y cree que ese intento se está haciendo ahora, pero los resultados no son inmediatos, asegura. Y también plantea que en el tema de fondo, “las personas asesinadas en las cárceles, que no son solo durante este Gobierno, no han significado bajo ningún concepto que el narcotráfico se haya debilitado”.
Esto más bien ha mostrado una fragmentación sobre sus actores, lo que ha llevado a que se multipliquen sus facciones. Y recuerda a lo vivido en Colombia en los años 90, después del asesinato de Pablo Escobar.
“El grupo criminal se caracteriza por una competencia constante de dominio y de poder y un poder que necesariamente significa la eliminación del otro” y cada chico que se enrola está entrando en esa lógica de eliminación.
Pero más allá de ello, analiza Barreiro que existe un componente estructural en la sociedad sobre temas de pobreza y desigualdad, que conllevan a que este fenómeno tome fuerza.
El gobierno
El Primer Mandatario, por su parte, este 15 de noviembre, convocó a una reunión con las principales autoridades de las funciones del Estado.
El encuentro buscar abordar de manera integral la situación y “analizar a profundidad una temática grave que necesita decisiones contundentes”, según un comunicado de Presidencia.
