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El presidente Daniel Noboa planteó el 23 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tres acciones contra el crimen organizado transnacional. Entre ellas constan el rastreo y congelamiento de recursos ilícitos y el intercambio permanente de información. Dos expertos analizan qué mecanismos internacionales ya existen, qué opciones tiene Ecuador para coordinar acciones con otros países y qué papel podría cumplir el Escudo de las Américas.
Noboa propuso crear dentro de Naciones Unidas un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional.
Su segunda propuesta apunta a una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Como tercer punto, pidió que ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional entre las prioridades de prevención de conflictos.
Ivonne Téllez Patarroyo, especialista en Derecho Internacional, señala que varias de las acciones propuestas ya cuentan con normas, instituciones y canales de cooperación internacional.
Entre ellos menciona la Convención de Palermo para asuntos relacionados con decomiso y cooperación judicial; el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares para recuperar activos; Interpol para la cooperación policial; y el Grupo Egmont, una red de unidades de inteligencia financiera.
Téllez también señala que el crimen organizado transnacional ya consta dentro de la estructura de Naciones Unidas. Por eso plantea una pregunta sobre la propuesta ecuatoriana: qué vacío específico busca llenar.
La especialista no descarta una nueva estructura. Sin embargo, considera necesario definir cómo funcionaría, cómo se coordinaría con los mecanismos existentes y cuáles serían sus resultados.
El seguimiento del dinero constituye uno de los puntos de la propuesta presentada por Noboa. El Presidente sostuvo que cortar el financiamiento de las estructuras criminales requiere actuar en los países por donde circulan esos recursos.
Téllez diferencia el intercambio de información de las acciones judiciales sobre esos recursos.
Según explica, compartir inteligencia no equivale necesariamente a obtener órdenes válidas para inmovilizar dinero. Por eso considera necesario precisar quién podría consultar los datos, cuáles serían las garantías y cómo funcionaría la coordinación con los organismos existentes.
La especialista también plantea la necesidad de establecer plazos, condiciones, recursos y métodos para medir los resultados.
Téllez señala que algunos problemas requieren mejoras dentro de Ecuador, incluso con una mayor cooperación internacional. Entre ellos menciona los recursos, la priorización, el uso de inteligencia, las estadísticas y el análisis de operaciones sospechosas.
Santiago Carranco Paredes, PhD., decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de IAEN-Universidad de Posgrado del Estado, sostiene que el Escudo de las Américas no constituye el espacio para desarrollar la propuesta que Noboa presentó ante Naciones Unidas.
Carranco explica que el Escudo de las Américas responde a una política estadounidense que funciona mediante acuerdos intergubernamentales para ejecutar acciones conjuntas.
Según el experto, no se trata de un espacio con una plenaria donde los mandatarios presentan propuestas.
Téllez también analiza el alcance del Escudo de las Américas. La especialista en Derecho Internacional lo describe como una propuesta de Estados Unidos que articula a países afines a su política y a los lineamientos de la administración de Donald Trump.
Para Téllez, no se trata de una red de cooperación de carácter técnico. La especialista vuelve sobre la necesidad de establecer qué aportaría una nueva estructura frente a mecanismos que ya cumplen funciones relacionadas con cooperación policial, financiera y judicial.
Para Carranco, Ecuador no necesita esperar cambios dentro del sistema de Naciones Unidas para iniciar acciones con otros países.
El académico plantea empezar con gabinetes binacionales y trabajar con Colombia, Perú y Bolivia.
El primer paso, según explica, consiste en homologar conceptos. Después, los países podrían elaborar políticas públicas conjuntas.
Carranco sostiene que esas políticas deberían contar con metodología, planificación, indicadores y mecanismos de evaluación. También menciona al Plan de Seguridad 2029 de Ecuador como una herramienta para orientar ese proceso.
El experto señala que el trabajo puede comenzar de inmediato mediante cartas y posibles acuerdos intergubernamentales con los países interesados. Menciona, entre otros ámbitos, la transparencia y el trabajo entre fiscalías.
Carranco también cuestiona que el planteamiento deba centrarse únicamente en recibir ayuda internacional. Según el académico, el trabajo puede partir de las capacidades de los propios países.
Carranco señala que el crimen organizado transnacional constituye una prioridad para Ecuador, pero no necesariamente tiene el mismo nivel de importancia para otros Estados.
Durante la Asamblea General, explica, cada país coloca temas distintos entre sus prioridades. Por eso, sostiene que una propuesta presentada por Ecuador no implica su aplicación dentro de Naciones Unidas.
El académico interpreta el discurso de Noboa como una directriz para que diplomáticos, técnicos y funcionarios de los ministerios competentes comiencen a trabajar sobre esas propuestas.
Carranco también señala que el sistema multilateral no se concibió bajo una visión que incorporara a las mafias y economías informales como actores con influencia dentro del sistema internacional.
Según el experto, un cambio de ese tipo necesitaría articulación entre academia, sociedad civil, actores políticos y equipos técnicos de América Latina.
Téllez señala que la identificación del crimen transnacional como un problema responde a una situación existente. Sin embargo, considera necesario precisar qué problemas concretos no resuelven las normas y estructuras vigentes.
La especialista plantea preguntas sobre una eventual nueva estructura: quién podría consultar los datos, cuáles serían las garantías, qué recursos necesitaría y cómo se coordinaría con los organismos existentes.
También plantea interrogantes sobre ONU80. Según Téllez, se tendría que definir con qué mandato y recursos asumiría nuevas funciones y cómo se coordinaría con las estructuras actuales.
Carranco señala que Ecuador puede comenzar desde ahora contactos y acuerdos con otros países. Sin embargo, advierte que no existe certeza sobre el tiempo que tomaría concretar la propuesta planteada ante Naciones Unidas e incluso señala que podría no ocurrir.
Las posiciones de ambos expertos plantean dos niveles de acción. Carranco identifica la posibilidad de iniciar acuerdos con países de la región, mientras Téllez señala que varias herramientas internacionales propuestas por Noboa ya existen y considera necesario definir qué función adicional tendría una nueva estructura.
Noboa planteó tres acciones relacionadas con el seguimiento de recursos ilícitos, el intercambio de información y la prevención de conflictos.
Contexto: Propuso un mecanismo internacional para rastrear y congelar flujos financieros ilícitos, una plataforma permanente entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera y que ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional entre sus prioridades.
Sí. Ivonne Téllez señala que varias de las acciones propuestas ya cuentan con normas, instituciones y canales de cooperación.
Contexto: La especialista menciona la Convención de Palermo, el GAFI, Interpol y el Grupo Egmont.
No necesariamente. Téllez diferencia el intercambio de inteligencia de las acciones judiciales necesarias para inmovilizar recursos.
Contexto: Según explica, una nueva estructura tendría que precisar quién consulta los datos, qué garantías existen y cómo se obtienen órdenes válidas para actuar sobre el dinero.
Santiago Carranco sostiene que no constituye el espacio para desarrollar la propuesta presentada por Noboa ante Naciones Unidas.
Contexto: El académico explica que funciona mediante acuerdos intergubernamentales para acciones conjuntas y no como una plenaria donde los mandatarios presentan propuestas.
Téllez lo describe como una propuesta de Estados Unidos que articula a países afines a su política y a los lineamientos de la administración de Donald Trump.
Contexto: Según la especialista, no constituye una red de cooperación de carácter técnico.
Carranco plantea comenzar con Colombia, Perú y Bolivia.
Contexto: Propone utilizar gabinetes binacionales, homologar conceptos y después elaborar políticas públicas conjuntas con metodología, indicadores y mecanismos de evaluación.
No, según Carranco. Ecuador puede iniciar desde ahora contactos y posibles acuerdos intergubernamentales.
Contexto: El académico menciona ámbitos como el trabajo entre fiscalías y la transparencia, además del uso de las capacidades de los propios países.
No. Carranco explica que una propuesta presentada por Ecuador no implica su aplicación dentro de Naciones Unidas.
Contexto: El crimen organizado transnacional puede tener distintos niveles de prioridad para cada Estado, por lo que la iniciativa necesitaría respaldo y articulación con otros países.
Tendría que precisar qué problemas no resuelven los mecanismos actuales y qué función adicional cumpliría la nueva estructura.
Contexto: Téllez plantea definir acceso a los datos, garantías, recursos, coordinación con organismos existentes, plazos y métodos para medir resultados.
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