En Quito operará, desde agosto de este 2022, la primera Unidad Judicial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. En esta dependencia laborarán 14 jueces.
Por esa razón, el Consejo de la Judicatura (CJ) arrancó el martes 29 de marzo del 2022, el concurso público para elegir a estos magistrados.
Este anuncio se dio durante un acto público en el Centro de Arte Contemporáneo, en Quito, al que asistió el presidente de la República, Guillermo Lasso y las principales autoridades de la Función Judicial.
Tras esta convocatoria, profesionales del Derecho podrán postularse a través de la página web del Consejo de la Judicatura.
Los abogados interesados en concursar deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos: presentar su hoja de vida actualizada, su cédula de identidad, certificados de votación, el certificado de registro de título de tercer nivel emitido por la Senescyt, su historial laboral y la autorización para el levantamiento de sigilo bancario.
Además, deben contar con un certificado de la Contraloría de no tener responsabilidades administrativas en firme, civiles o indicios de responsabilidad penal. También declaraciones juramentadas de no tener sentencias judiciales en marcha y de no tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
Para realizar la postulación digital, los aspirantes deben subir a la web del CJ esos documentos escaneados y certificados ante notario público.
El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, indicó al postularse, “los aspirantes presentarán documentos que acrediten su especialidad, experiencia e idoneidad”.
Luego, deberán rendir una prueba teórica, práctica y psicológica. Los aspirantes tienen que obtener un puntaje mínimo de 80/100. Al final, se someterán a una prueba de confianza, que será voluntaria.
La Judicatura prevé que este concurso dure aproximadamente cuatro meses.
¿Cuál será la función de los 14 jueces?
Estos magistrados juzgarán 43 tipos de delitos. Siete de ellos relacionados a actos de corrupción como: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Además, conocerán 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Los magistrados que sean escogidos para trabajar en esa dependencia judicial “recibirán capacitación y protección necesaria para el desempeño de sus funciones”, señaló Murillo.
Añadió que con “la puesta en marcha de la Unidad Anticorrupción estamos listos para arrebatar los privilegios de impunidad. Gracias a la especialidad nuestros jueces lograrán eficiencia en la sanción de estos delitos, pero sobre todo reparación integral“.
Los procesos penales que conocerán estos jueces deben cumplir con requisitos. Por ejemplo, el delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada, las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional y también deben existir víctimas con graves afectaciones.
La Unidad Anticorrupción
El presidente Murillo dijo que el proyecto de construcción de esta Unidad Judicial Anticorrupción arrancó en el 2019.
El objetivo es que esta dependencia opere en Quito, pero tramitará causas judiciales de todo el país. Según el funcionario se crearán más unidades de ese tipo “conforme aumente la carga procesal”.
El presupuesto para este proyecto es de USD 1,6 millones. Ese monto ya fue certificado por el Ministerio de Finanzas. Mientras que el equipamiento tecnológico será financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
En esta unidad judicial trabajaran 40 personas. 14 son jueces y el resto son secretarios, asistentes y personal administrativo.
Durante el evento, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, señaló que EE.UU. aportará USD 500 000 para la implementación de esta Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
