La demanda presentada por los expropietarios del extinto Filanbanco, William y Roberto Isaías contra el Estado ecuatoriano consta en 48 páginas. Y actualmente es tramitado por un Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte de Guayas.
En esa querella judicial se detalla que las instituciones públicas demandadas son tres: Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Bancos y Seguros, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). Pero la demanda también está dirigida a la Procuraduría General por ser el abogado del Estado.
Los hermanos Isaías piden que esas instituciones les paguen una cantidad no menor a USD 2 000 millones como medida de resarcimiento por la incautación de sus bienes durante un proceso penal relacionado con el feriado bancario.
De hecho, son 195 bienes que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) les confiscó el 8 de julio de 2008. El objetivo era vender esos bienes para indemnizar al Estado y a los depositantes perjudicados por la quiebra de Filanbanco.
El abogado de los Isaías, Ricardo Noboa, indicó que el monto de reparación solicitado se desprende de la lista de activos incautados, que serían USD 1 548 millones; los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008 y los honorarios pagados a los abogados por años.
Hasta el momento ninguna de las tres entidades se ha pronunciado sobre la demanda. Solo lo hizo la Procuraduría General el pasado 22 de marzo del 2022. Esa entidad aseguró que se todas las entidades involucradas en este proceso judicial coordinan una estrategia de defensa. Tienen plazo para contestar la querella judicial hasta el 13 de mayo del 2022.
¿Por qué la demanda recae sobre esas tres instituciones específicamente?
El abogado Noboa señaló que esas entidades públicas tuvieron, en su momento, relación con las incautaciones.
El defensor detalló que el Banco Central fue el sucesor de los derechos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep).
En el caso de Inmobiliar, porque allí fueron a parar la mayor parte de los bienes incautados de los Isaías. Y la Superintendencia de Bancos, porque promovió el proceso de confiscación. “El acta de la Junta Bancaria fue firmada por una serie de personas, entre ellas, la superintendenta de Bancos de la época, por lo tanto, fue un factor fundamental en el perjuicio causado a los señores Isaías”, dijo Noboa.
