Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, ordenó a la Procuraduría General del Estado defender los intereses de los ecuatorianos ante la demanda impulsada por los hermanos Isaías en contra de tres instituciones.
William y Roberto Isaías demandan al Banco Central del Ecuador, a la Superintendencia de Bancos y a la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar y exigen USD 2 000 millones como medida de reparación tras las incautaciones, relacionadas a la sentencia por peculado. En mayo del 2021, la Corte Nacional ratificó su estado de inocencia.
“En el fin de semana tuve una comunicación telefónica con el Procurador General del Estado, a quien le he solicitado que, como abogado del Estado, tome todas las medidas necesarias para defender el interés público, el interés común, el interés de todos los ecuatorianos”, afirmó Lasso.
El Jefe de Estado cuestionó que el caso se deriva de incautaciones ocurridas durante el Gobierno pasado.
“Lo ministraron mal, muchos de ellos ya no existen, otros se desvalorizaron. Ahora nos están causando un problema donde, no tenga la menor duda nadie en el Ecuador, me pondré del lado del pueblo ecuatoriano. Voy a defender el interés público”, reiteró.
El Presidente aseguró que, a través de la Procuraduría, defenderá a “todas las instituciones públicas que han sido demandadas por los hermanos Isaías”.
Caso Julian Assange
El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo de Reino Unido dio paso a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks recibió respaldo durante el Gobierno de Rafael Correa.
Assange es acusado por espionaje, debido a que difundió información de Estados Unidos, catalogada como confidencial.
“Respetaremos el fallo de los tribunales del Reino Unido y como país daremos todas las facilidades que correspondan acorde con aquel fallo”, confirmó Lasso.
A su criterio, el caso fue polémico porque “el Gobierno de Correa forzó las leyes ecuatorianas para dar protección am hacker, un pirata de los sistemas digitales”. Lasso dijo que no protegerá “actos delincuenciales”.
Ley de Inversiones
Lasso reiteró su confianza “en la buena fe de la Asamblea Nacional” para que apruebe el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones. El plazo es hasta este jueves 24 de marzo.
La muerte cruzada no es considerada por el Gobierno, aclaró el Presidente. Espera que culmine el plazo para analizar alternativas.
Mientras tanto, destacó la eliminación de los aforos para avanzar con la reactivación económica. Avizora que en mayo se declare “absoluta normalidad”.
Informe de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la semana pasada el informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador.
El organismo recomendó implementar una política criminal y penitenciaria integral y transversal; reducir la población en las cárceles; y garantizar la reinserción social de personas privadas de libertad.
También sugirió garantizar el fortalecimiento institucional del régimen penitenciario y a asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana.
La respuesta de Lasso es que se está “trabajando en varios frentes en materia de seguridad”. Mencionó que los objetivos son terminar con el hacinamiento, tener los guías penitenciarios necesarios, que hay un código de ética, que se está resolviendo temas de carácter legal para fortalecer el sistema penitenciario.
Por otro lado, “mi Gobierno, por primera vez, establece una política de rehabilitación social basada en derechos humanos”, agregó el presidente.
Ley de aborto por violación
El Presidente ratificó su decisión, plasmada en el veto parcial sobre la Ley de aborto por violación aprobada por la Asamblea Nacional.
Dijo que el Legislativo estableció condiciones que favorecen al aborto libre por lo que determinó una excepción.
Consultó a expertos y concluyó que se puede detectar el embarazo de una mujer tras cinco días de producirse el acto sexual.
“Pero en el caso de una violación, existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los cinco días del acto de violación y ya puede conocer si se ha producido o no se ha producido en embarazo. Por lo tanto, las 12 semanas es un plazo realmente en exceso”, reiteró.
